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Puebla capital.- El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) signaron convenio mediante el cual se garantiza que las resoluciones en las que intervengan integrantes de comunidades indígenas, sean traducidas a sus lenguas originarias.
El convenio tiene por objeto coadyuvar en el acceso y uso del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI), a efecto de brindar una adecuada atención en materia de procuración, administración e impartición de justicia en los expedientes, procedimientos y juicios que en materia electoral intervengan comunidades o hablantes de alguna lengua indígena, con pleno respeto a sus culturas, usos, costumbres y formas específicas de organización social, garantizando el acceso a la justicia electoral.
La Magistrada Presidenta del TEEP, Norma Angélica Sandoval Sánchez, subrayó que con este convenio de colaboración, el organismo jurisdiccional reafirma su compromiso por atender las necesidades de las comunidades indígenas para defender sus derechos político-electorales con perspectiva intercultural y también con perspectiva de género.
La impartición de justicia electoral con perspectiva intercultural es fundamental para el pleno respeto de los derechos de las comunidades indígenas en nuestra entidad, por lo que es fundamental reconocer la exigencia de que en aquellos casos relacionados con el derecho electoral indígena, las autoridades en la materia atiendan sus necesidades, señaló.
Con el convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla da un paso adelante en la atención de las demandas de la población indígena precisamente para garantizar sus derechos político-electorales, al brindarles sentencias traducidas a su lengua natal.
En tanto Juan Gregorio Regino, Director General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, celebró este convenio de colaboración, porque se establecen las bases para traducir en políticas públicas el cumplimiento de la ley para garantizar que se ejerzan los derechos lingüísticos que las comunidades indígenas demandan.
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