Angélica García Muñoz / Diariosinsecretos.com
La investigación contra las notarías públicas dadas por los exgobernadores Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, no es persecución política -como afirmó la diputada del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia- la acción obedece a que existió un desaseo jurídico en torno a éstas y que el estado está obligado a investigar, y en caso de que haya irregularidades revocarlas.
Así lo expresó el consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz, quien dijo que la revocación se justifica en tanto el procedimiento en la entrega de las notarías no se hizo bajo los lineamientos legales requeridos y se tendrá que corregir el error.
“No queremos más impunidad en el estado, y por eso llegaremos hasta las últimas consecuencias, y todos los actos que se hayan hecho en contra de la ley serán revocados”, indicó el consejero jurídico del gobierno
“Los procedimientos mediante los cuales se entregaron las notarías, desafortunadamente, no fueron hechos con la claridad ni la legalidad que se requiere y debemos corregir este error”, destacó el consejero jurídico.
Precisó que, como parte de este proceso de revocación de notarías, la Consejería Jurídica notificó a sus titulares del inicio de procedimiento, se aseguraron folios y sellos, además de que no se descartan acciones de tipo penal por posibles delitos que se hayan cometido.
Velázquez Cruz comentó que también se analizará el actuar de aquellos notarios en activo que firmaron las horas de servicio y los exámenes que, al parecer nunca existieron, y sirvieron como elementos para la designación de las 29 patentes notariales.
