El gobierno del presidente Donald Trump intensificó las medidas contra el denominado turismo por nacimiento mediante la firma de dos órdenes ejecutivas enfocadas en restringir el acceso a la ciudadanía automática de niños cuyos padres hayan incurrido en presunto fraude de visado o transacciones comerciales. Las disposiciones ordenaron al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional impedir el ingreso de extranjeros que viajen con el propósito principal de dar a luz en territorio estadounidense, además de actuar legalmente contra las empresas y facilitadores de dichos viajes.
Durante el presente mes de agosto de 2026, las acciones operativas se enmarcan en la creación del Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que dicho grupo revocó más de 600 visas a ciudadanos extranjeros en el transcurso de un mes. Asimismo, la orden ejecutiva emitida el 6 de agosto autoriza el señalamiento y sanción de organizaciones e individuos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, que promuevan comercialmente estos servicios de maternidad.
El trasfondo de esta estrategia responde a la operación de redes comerciales que ofrecen paquetes de asistencia integral que incluyen trámites de visa, hospedaje, transporte y atención médica a cambio de pagos de entre 16 mil y 40 mil dólares, según investigaciones documentadas en Florida y antecedentes judiciales de 2019 contra operadores de firmas como USA Happy Baby. No obstante, estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI) señalan que los nacimientos de madres con residencia en el extranjero registraron 9 mil 600 casos en datos oficiales de 2024, lo que representa menos del uno por ciento del total anual de alumbramientos en el país.
El escenario actual sitúa a las viajeras embarazadas bajo un mayor escrutinio discrecional por parte de los agentes consulares y de aduanas al momento de solicitar o hacer uso de una visa de visitante categoría B. Especialistas y abogados en materia migratoria precisaron que las autoridades estadounidenses deberán acreditar la intención original del viaje para sostener legalmente la revocación de visas, expulsiones o prohibiciones de reingreso, mientras la administración federal mantiene abiertas las investigaciones contra las empresas intermediarias de este sector.
