La clausura de dos aserraderos en Chignahuapan y Aquixtla por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con apoyo de la Policía Estatal Forestal y la PROFEPA representa un golpe importante contra la tala ilegal, pero está lejos de resolver un problema que desde hace años devora los bosques poblanos. El aseguramiento de más de 330 metros cúbicos de madera y 17 máquinas de aserradero deja una pregunta inevitable: ¿cuánta madera ilegal salió de esos lugares antes de que llegaran las autoridades?
El problema no se limita a estos dos municipios. Operativos e investigaciones de PROFEPA han documentado tala clandestina, aserraderos irregulares o decomisos en Zacatlán, Ahuazotepec, Tetela de Ocampo, Honey, Zaragoza y Huaquechula. Al menos ocho municipios poblanos figuran ya en el mapa de la explotación ilegal de los recursos forestales.
La magnitud del fenómeno también queda expuesta por un dato oficial: alrededor del 70 por ciento de los aserraderos inspeccionados en Puebla presentan algún tipo de irregularidad administrativa o ambiental. Es una cifra que habla de un problema estructural y no de casos aislados.
Cada árbol talado ilegalmente significa menos captación de agua, mayor erosión del suelo, más riesgo de incendios y deslaves, además de un deterioro ambiental que tardará décadas en revertirse. El costo lo pagan los ecosistemas y también las comunidades que dependen del bosque para vivir.
El operativo conjunto de la SSP y la PROFEPA merece reconocimiento porque demuestra que la coordinación institucional puede dar resultados. Sin embargo, las clausuras sólo serán efectivas si van acompañadas de investigaciones que desmantelen las redes que financian, transportan y comercializan la madera ilegal.
La verdadera prueba será que estos operativos no sean una reacción temporal, sino una política permanente. De poco servirá cerrar dos aserraderos si otros siguen funcionando bajo la sombra de la impunidad. Los bosques de Puebla necesitan vigilancia constante, aplicación de la ley y un compromiso real para detener un delito que amenaza uno de los patrimonios naturales más valiosos del estado.
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