Durante toda su trayectoria como servidor público, nunca Alejandro Armenta ha restringido la libertad de expresión.
Me atrevo a decir que esto se extiende a su vida privada.
Es uno de los valores que ha cultivado.
También busca la verdad como virtud, extendiéndola con exigencia y reclamo personal que se hace todos los días. Esto debería ser un acto de conciencia y convicción irrenunciable del ser humano.
En la vida institucional respeta las leyes y es justo en su comportamiento y proceder.
Tampoco ha censurado el derecho de reunión ni de manifestación.
No hay asedio ni persecución a periodistas, como algunos inadaptados han pregonado de boca, en algunos periódicos impresos y en redes sociales.
Quien diga lo contrario está mintiendo.
Aquellas personas que lo han externado, mostrando una cara de indignación, están falseando para sentirse y decirse víctimas.
Puebla, lo aseguro, es uno de los estados donde reporteros y periodistas han sido respetados durante el gobierno de Armenta, pero también se les ha dejado en claro que nadie tiene derecho a calumniar ni a declarar ni decir mentiras con un micrófono en la mano o utilizando cualquier otro medio de comunicación.
Libertad de expresión, sí; calumnia, no.
La frase es categórica y contundente.
Reporteros y periodistas estábamos acostumbrados a que nadie tuviera derecho de réplica; queremos que la sociedad acepte que, lo que hablamos o escribimos, es la verdad absoluta, inventando el famoso “cuarto poder” que en realidad no existe aquí ni en China, creyendo que funcionarios y gobernantes tienen la obligación de callar ante cualquier aseveración por oscura que sea.
Esto no es así, no debe ser así.
Los servidores públicos, incluyendo al presidente de la república, gobernadores, alcaldes, ciudadanos en general, hombres y mujeres, también tienen la certeza inalienable de ejercer la libertad de expresión y de rechazar categóricamente la calumnia, la infamia, el chantaje, la extorsión, llegando, incluso, a la denuncia penal si es obligado o necesario.
Al gobernador Alejandro Armenta le han querido colgar el milagrito de que en el estado que administra la libertad de expresión no existe.
¡Farsa absoluta en esta aseveración!
El oficio reporteril y periodístico tiene su lugar de privilegio en el contexto del derecho y la democracia; es respetado y reconocido, pero, igualmente, no puede exceder los límites que marca la ley y la justicia que rigen en una sociedad civilizada.
La libertad de expresión contempla a todos, como también las leyes son aplicadas sin distingos ni privilegios para generar justicia.
Si un reportero o periodista calumnia o comete cualquier otro tipo de delito, debe ser juzgado como todo ciudadano. Los servidores públicos no escapan de esta máxima.
POSDATA: Alejandro Armenta ha prometido ser un gobernador justo.
Le creo y así espero que sea por el bien de Puebla y sus familias.
POSDATA 2: En estos momentos es el gobernador mejor evaluado por la prestigiada firma nacional CE Research.
Es el número uno con cifras frías y opiniones reales.
POSDATA 3: Armenta pisa intereses que se creyeron intocables; dice la verdad y eso incomoda; aplaudir la mentira daña a propios y extraños
