Leopoldo de Lara, pieza clave para la estabilidad del Congreso de Puebla ante señalamientos sin sustento firme

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Libre Expresión / José Antonio Cuéllar M.

En un ejercicio de responsabilidad institucional y respeto a los procesos internos, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla acordaron canalizar al Órgano Interno de Control la petición de la diputada Susana Riestra Piña, quien propuso el despido del secretario general Leopoldo de Lara Varela y del director jurídico Jesús Juárez Lezama.

Durante la sesión celebrada el pasado miércoles 8 de abril, los coordinadores de las ocho fuerzas políticas privilegiaron una ruta institucional, respaldando la propuesta del presidente de la Jugocopo, Pavel Gaspar Ramírez, quien planteó que sea el órgano técnico correspondiente el encargado de revisar el desempeño de ambos funcionarios. Con ello, se evitó una decisión precipitada y se garantizó un análisis objetivo, sustentado en evidencia y conforme a derecho.

El Órgano Interno de Control, responsable de fiscalizar, auditar y, en su caso, sancionar posibles faltas administrativas, será ahora la instancia encargada de determinar si existen elementos que ameriten alguna acción. Esta determinación refuerza el compromiso del Congreso con la transparencia y el debido proceso, evitando juicios políticos anticipados.

Cabe destacar que la propuesta de despido impulsada por la legisladora panista se basa en señalamientos relacionados con presuntas omisiones administrativas y diferencias en la interpretación de facultades. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución formal que confirme irregularidades graves, lo que subraya la pertinencia de que sea una instancia técnica la que evalúe los hechos.

En este contexto, la labor de Leopoldo de Lara Varela ha sido reconocida por mantener la operatividad administrativa del Congreso en un entorno político complejo, privilegiando la continuidad institucional y el cumplimiento de los procedimientos internos. De igual forma, el área jurídica ha respondido a diversos procesos legales, como la controversia constitucional presentada por el gobierno federal, la cual —según consta— fue atendida en tiempo y forma.

Si bien algunas voces, como la de la diputada Delfina Pozos Vergara, han expresado desacuerdo con la decisión de remitir el caso al órgano interno, la mayoría de los coordinadores parlamentarios coincidieron en que este mecanismo permite actuar con mayor rigor y evitar decisiones basadas en posturas políticas.

La determinación de la Jugocopo refleja un equilibrio entre la rendición de cuentas y la estabilidad institucional, enviando un mensaje claro: cualquier señalamiento será investigado, pero siempre bajo los cauces legales correspondientes y sin afectar el funcionamiento del Poder Legislativo.