DiarioSinSecretos.com / Angélica García Muñoz
Ciudad de Puebla.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el extrañamiento hecho por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, al Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, por considerar que filtró información de una investigación en curso de la UIF, es solo“un manejo político de un conflicto entre primos”.
El mandatario estatal afirmó que por parte de la Fiscalía General de Puebla ni de ninguna otra dependencia estatal se filtró información de la investigación a la cual hace referencia Pablo Gómez.
De acuerdo a informaciones periodísticas la investigación de la UIF llamada Operación Angelópolis, involucra al diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velasco; al director del periódico Cambio, Arturo Rueda Sánchez; y al exAuditor del Estado, Francisco Romero Serrano, en lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita del orden de los 400 millones de pesos.
En su conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, dijo sobre el tema del extrañamiento al Fiscal Gilbertoi Higuera Bernal: “En Puebla respetamos al fiscal, apoyamos su trabajo que es objetivo y profesional, y no hay para nosotros ninguna duda … respeto a Pablo Gómez Álvarez, pero hoy soy gobernador y tengo que hablar también por la soberanía del Estado de Puebla. Que los pleitos políticos no sean utilizados para querer demeritar la función y aplicación de la ley”.
El mandatario estatal fue claro en afirmar que por parte de la Fiscalía General de Puebla ni de ninguna otra dependencia estatal se filtró información de la que hace referencia el titular de la UIF, y que solo busca demeritar el trabajo que se realiza en Puebla a través del Fiscal Gilberto Higuera Bernal.
Refirió que ninguna dependencia en Puebla haya solicitado la documentación de tal investigación.”Nunca la pidió el Gobierno del Estado y ninguna autoridad del estado se la pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera. Cuando salió publicada nos encontramos que no derivaba de filtraciones que hubieran sido extracciones de la carpeta de investigación derivaba de la documentación que quedó en manos de quienes pidieron esa investigación”.
“Un extrañamiento -agregó- es un término que suena muy bonito para temas políticos de esta naturaleza, es más bien un regaño y si es público, pues el regaño es público. Entonces, en Puebla respetamos al fiscal general del estado, y si el propósito de ese documento es demeritar la posición de la autoridad de procuración de justicia como una forma de exculpar a alguien, eso no es lo correcto”.
—
Diariosinsecretos.com
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al sentenciar que en Puebla la administración e impartición de justicia es imparcial y objetiva, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta señaló que la soberanía del estado y autonomía de sus instituciones, como la de la Fiscalía General del Estado (FGE), deben respetarse.
En videoconferencia de prensa, el mandatario subrayó que no deben de utilizarse disputas políticas para demeritar la aplicación de la ley en Puebla, luego de sostener que en el gobierno estatal no se filtran documentos ni se ordenan investigaciones.
Barbosa Huerta manifestó su respaldo al titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, al señalar que el trabajo que desarrolla en la institución el jurista-investigador con experiencia probada a nivel nacional, es profesional.
“Nosotros en Puebla respetamos al fiscal General del Estado, apoyamos su trabajo, lo consideramos imparcial, objetivo, profesional, no tiene para nosotros ninguna duda”, dijo Barbosa Huerta.
El gobernador refirió que, de acuerdo a la arquitectura constitucional de los estados, las fiscalías y procuradurías estatales no tienen superior jerárquico y expresó que, en caso de ser necesario, la revisión de las resoluciones de estas instancias le corresponde al Poder Judicial de la Federación.
Por último, el gobernador señaló que la administración y procuración de justicia es una prioridad para el gobierno estatal, y por ello ha fortalecido presupuestalmente a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia.
