*La diputada Tonantzin Fernández Díaz, señaló que un pueblo no olvida la represión que ejercieron en el pasado
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El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos, la abrogación de la «Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla».
La diputada Tonantzin Fernández Díaz, señaló que un pueblo no olvida la represión que ejercieron en el pasado y llamó a los diputados a aprobar por unanimidad la propuesta.
El diputado Raymundo Atanacio Luna refirió que la integridad de los ciudadanos no tiene partido político, y al hablar sobre la abrogación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en Puebla, dijo que el tema no se tiene que ver por revanchismo.
La diputada Vianey García Romero, señaló que este fue el tercer intento de buscar la abrogación de la Ley, toda vez que las anteriores fueron vetadas, en su momento, por el Ejecutivo en turno; sin embargo, al dejarla sin efecto, se dará certeza jurídica a la población.
Hizo aclaraciones entre la Ley para Proteger los Derechos Humanos y la Ley federal ley sobre el uso de la fuerza pública, pues señaló que en esta segunda se habla de protocolos y de principios como la absoluta necesidad de cuándo ocupar la fuerza que es uno de los más importantes en esta propuesta.
De tal forma que el dictamen tiene la intención de subsanar las omisiones para dar por finalizado el trámite legislativo expuesto, así como enmendar las deficiencias que permitan de una vez por todas abrogar la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla.
Cabe recordar que, con diferentes fechas, a partir del 17 de septiembre de 2018, se presentaron iniciativas para abrogar la Ley y otras disposiciones, así como reformas, que fueron observadas por el Ejecutivo impidiendo concretar la intención de otorgar a las autoridades de seguridad pública y en especial a la ciudadanía, garantías sobre el uso adecuado de la fuerza pública, con plena observancia y respeto de los Derechos Humanos.
