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Libre Expresión / José Antonio Cuéllar M.
Los usuarios del transporte público rechazan un aumento al pasaje, son tiempos difíciles y la cuesta de enero y febrero de 2025 será difícil y complicada, pero los concesionarios del servicio, solo ven sus intereses, y la última decisión de algunos, no todos, es realizar un paro este 2 de diciembre, a pesar de ser avisados de que la acción podría derivar en sanciones económicas, incluso de cancelación de concesiones.
Los concesionarios se quejan de falta de recursos para el mantenimiento de las unidades y para la compra de combustible, pero toman la decisión de realizar un paro que afectaría a miles de usuarios.
En Japón por ejemplo, cuando hay alguna exigencia de índole laboral o protesta contra el gobierno, los trabajadores usan un distintivo en el brazo pero no suspenden actividades, hay una cultura de respeto y solidaridad con la sociedad.
Pero en Puebla, los concesionarios recurren al chantaje en busca de beneficios económicos, a pesar de que no han cumplido con la promesa de mejorar el servicio.
En el 2019, en que se dio el último aumento al pasaje, se comprometieron a mejorar el servicio, y han pasado 5 años y no han cumplido, ni mejores unidades ni profesionalización de los choferes, ni tampoco cámaras de vigilancia.
Los choferes dan un mal trato a los usuarios con su lenguaje florido y conducen sin respetar las señales viales que deriva en accidentes y muertes, y hay que sumar los constantes asaltos, actuando las bandas delincuenciales de manera impune.
La exigencia de una tarifa de 19 pesos o en su caso eliminar la tarifa especial para estudiantes resulta no solo excesiva sino abusiva.
El próximo 13 de diciembre termina el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y en la madrugada del 14 del mismo mes, inicia el gobierno de Alejandro Armenta.
¿Qué políticos y empresarios están interesados en crear un ambiente de zozobra e intranquilidad social?
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