Por: Angélica Bravo

Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que establece obligaciones para las plataformas digitales en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a publicaciones relacionadas con violencia, abuso sexual, autolesiones y otros contenidos perjudiciales. Las empresas tendrán 30 días naturales, contados a partir de la publicación de las disposiciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para definir y documentar los mecanismos con los que cumplirán las nuevas reglas.

La disposición establece que los servicios digitales deberán adoptar medidas para impedir que los menores accedan a materiales que promuevan conductas de riesgo. Entre los contenidos contemplados figuran los discursos de odio, el extremismo violento, la explotación sexual, el suicidio, los trastornos alimenticios, la violencia escolar y el ciberacoso, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno federal y los reportes sobre la firma del decreto.

Durante la presentación de la medida, Sheinbaum señaló que las compañías solicitaron un periodo de un mes para adaptar sus sistemas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será responsable de dar seguimiento a la aplicación de los lineamientos.

Retiro de publicaciones y controles de edad

Las obligaciones incluyen retirar cuentas y publicaciones que promuevan o generen violencia, incorporar sistemas de clasificación de contenidos por edad y establecer procedimientos para verificar la edad de quienes utilizan las plataformas.

También se prevén herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, canales accesibles para denunciar publicaciones y mecanismos de coordinación con las autoridades. Las empresas deberán informar sobre las acciones emprendidas y alertar cuando identifiquen contenidos que representen riesgos para la vida o la integridad de los menores.

El decreto se enmarca en una estrategia federal que busca reforzar la prevención de la violencia en entornos digitales y escolares. Desde principios de octubre, el Ejecutivo anunció la integración de un grupo de trabajo con dependencias de seguridad, educación y transformación digital, además de especialistas, para preparar las nuevas disposiciones.

Uno de los aspectos centrales de la medida es que, en su etapa inicial, el decreto no contempla sanciones específicas por incumplimiento. La presidenta advirtió que, si las plataformas no aplican las disposiciones, el Gobierno federal analizará impulsar una legislación que establezca obligaciones legales y consecuencias para las empresas.

Por ahora, el cumplimiento dependerá de la implementación de los mecanismos previstos y de la supervisión gubernamental. El plazo de 30 días comenzará a contar a partir de la publicación del decreto en el DOF, por lo que esa fecha será determinante para establecer el vencimiento formal.

La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud también participarán en las acciones preventivas, mediante recursos de orientación para menores y familias, entre ellos el programa ABC de las emociones y la Línea de la Vida.

La aplicación de los lineamientos permitirá evaluar si las plataformas incorporan controles efectivos para limitar la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos violentos y si la coordinación con las autoridades funciona conforme a lo establecido.