Sin Secretos / Angélica García Muñoz
Mario Riestra Piña, presidente del Comité Estatal del PAN, conoce a detalle del enjuague que entregó al agua de Puebla capital y zona conurbada a “Concesiones Integrales”, hoy Agua de Puebla.
Como diputado local de 2011 a 2014, fue coordinador de la Junta de Gobierno y líder de la bancada «morenovallista» en la 63 Legislatura, votó por la concesión que privatizó el servicio por 30 años, extensible a 60.
Un contrato que los poblanos pagan caro, con tarifas abusivas y cortes sin aviso.
Ahora pide “investigar” lo que él mismo ayudó a cocinar, un intento descarado de desviar la atención. No puede alegar ignorancia: Tras el Congreso, fue secretario general del Ayuntamiento en el gobierno de Antonio Gali, mientras el SOAPAP, se declaraba en quiebra para justificar el traspaso a los Hank Rhon y González. Esos mismos empresarios, que llenaron las arcas de la campaña de Moreno Valle en su intento por llegar a la presidencia de la república.
Los ciudadanos sufren un servicio de burla, y Riestra, lejos de ser un distraído, fue un engranaje clave. Genoveva Huerta, su aliada, le sigue el paso sin pudor. El agua de Puebla, no se olvida quién la vendió.
La historia del SOAPAP es un capítulo oscuro: declarado en quiebra en 2013 bajo la gestión de Gabriela Rosas, se argumentó que no había otra salida más que la privatización. Sin embargo, esa bancarrota huele a maniobra, diseñada para allanar el camino a un contrato que beneficia a unos pocos mientras las tuberías de la ciudad se caen a pedazos. Desde 2014, Agua de Puebla ha subido las tarifas año tras año, superando la inflación, y ha dejado a miles sin agua por supuestos adeudos, incluso a quienes están al corriente.
El impacto es brutal: en colonias populares, familias pagan hasta el triple que antes por un suministro intermitente, mientras la empresa reporta ganancias millonarias sin reinvertir en infraestructura. Movimientos como la Coordinadora por el Agua han gritado basta, exigiendo revertir una concesión que viola el derecho humano al agua. Pero el contrato, blindado hasta 2044 o más, es un candado que ni el intento fallido de Miguel Barbosa en 2021 pudo romper.
Riestra y sus cómplices deben rendir cuentas en una comisión especial; no basta con pedir “investigar” desde las alturas del PAN. Los poblanos merecen agua, no excusas.
