¡Hot!
PVEM pacta con Fiscalía y SSP blindar candidaturas de 2027
Diputado advierte que si un aspirante tiene una investigación en su contra, no será candidato sin importar su peso político
PUEBLA, Pue. — Jaime Natale Uranga, coordinador estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, informó que para la elección 2027 llevarán a cabo mesas de seguridad con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para analizar los perfiles de quienes aspiren a cargos de elección popular.
En entrevista, el también diputado local advirtió que si alguno de los aspirantes tiene una investigación en su contra o está mencionado en una carpeta de investigación, no será candidato sin importar el peso político que tenga.
Los comentarios de Natale ocurren luego de la captura de Isaac Rodríguez Ochoa y Said de Jesús Godos Luna, ex presidentes municipales de Esperanza y Tepeyahualco, respectivamente, por ser presuntamente miembros de la célula delictiva conocida como “Los Zúñiga”.
De acuerdo con las investigaciones federales, Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza por Morena, fue detenido junto con su hermano Manuel y Abigail Contreras Camacho, ex directora de Seguridad Pública municipal, durante un operativo que incluyó 23 cateos simultáneos. Las autoridades aseguraron 35 armas de fuego —dos fusiles Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
El grupo “Los Zúñiga”, liderado por Genaro Zúñiga Alvarado, alias “May”, operaba en el tramo de la Carretera Federal 150-D Puebla-Veracruz, entre los kilómetros 210 y 217, dedicándose al robo de transporte de carga, secuestro y extorsión.
El Verde endurece filtros
Con este antecedente, el Partido Verde en Puebla busca blindar sus candidaturas de cara al proceso electoral 2027. Natale Uranga señaló que la revisión de perfiles con las autoridades de seguridad y procuración de justicia será una práctica permanente para garantizar que sus abanderados no tengan vínculos con el crimen organizado.
La medida refleja la creciente presión política en Puebla tras las detenciones de dos alcaldes en funciones vinculados presuntamente a estructuras criminales, un golpe que las autoridades federales calificaron como “contundente” contra las redes de protección del crimen organizado