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Después de las numerosas movilizaciones en torno a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, tiene el derecho de manifestarse en contra de la reforma, pero subrayó la urgente necesidad de limpiar el Poder Judicial de la corrupción.
Durante su conferencia mañanera, López Obrador abordó el tema con firmeza, destacando que, aunque Piña y otros opositores a la reforma están en su derecho de expresar su desacuerdo, es evidente la corrupción predominante en el sector. «Creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a la reforma judicial, sin embargo, es evidente, de dominio público, que predomina la corrupción y que urge limpiarlo, en beneficio de todos,» afirmó el mandatario.
López Obrador no escatimó en críticas, describiendo al Poder Judicial como «podrido» y señalando que empresarios, banqueros y hasta extranjeros han recibido beneficios indebidos. El presidente destacó que, a diferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que ya han sido reformados, el Poder Judicial permanece sin cambios significativos. “El Poder Judicial sigue intacto, igual. Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre, porque era como un enigma, nadie sabía nada,” expresó.
En su intervención, López Obrador también denunció el nepotismo dentro del Poder Judicial, citando un reciente informe de la ministra Piña que revela que casi el 45% de los 40,000 empleados del Poder Judicial son familiares. “Es el nepotismo a todo lo que da,” subrayó el presidente.
En respuesta a la reforma propuesta, la ministra Piña ha presentado una contrapropuesta que incluye dos propuestas en materia de justicia. La primera refleja la visión de la Judicatura, mientras que la segunda incorpora perspectivas de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, académicos, estudiantes y víctimas de violencia. Piña destacó que esta propuesta surge de un extenso ejercicio de escucha y diálogo con diversos actores del sistema de justicia y seguridad, tanto a nivel federal como local.
La confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la reforma judicial continúa siendo un tema candente en la política mexicana, con ambos lados presentando argumentos apasionados sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia en el país.
