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En la víspera de la discusión en la Cámara de Diputados de una reforma que limitaría las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ve con buenos ojos la operación de este organismo jurisdiccional y que en lugar de limitarlo se debería operar por poner a funcionarios honestos.
“No estoy muy informado, pero no veo con buenos ojos al Tribunal, ha hecho cosas indebidas, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, a los candidatos, o precandidatos, porque el INE argumentó que no habían reportado 10 mil o 12 mil pesos.
“Lo que diga mi dedito, (no), consigna política de los partidos. Usted me habla del tribunal, quién sabe cómo esté eso, pero no es un Tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo y ojalá se estudie el caso que estoy hablando y que me digan si tengo razón o no, y por qué actúa así el Tribunal”, comentó el mandatario federal.
La propuesta pretende modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución en donde habla sobre acciones afirmativas, que son acciones para reducir desigualdades de género, socio-culturales y económicas, paridad y vida interna de partidos.
En el artículo 41 se establece que los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto-organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de partida de género en la integración de sus órganos colegiados. Ello se da luego de que el Tribunal puso límites a Alejandro Moreno “Alito” y Mario Delgado de prorrogar su presidencia en el PRI y en Morena, respectivamente.
Además, señala que al TEPJF le corresponde resolver en forma definitiva y “exclusivamente las controversias que se susciten por normas generales, actos y omisiones y resoluciones regulados por las leyes electorales”. Con esta modificación eliminaron que el Tribunal resolverá de forma definitiva e inatacable.
También indica que las decisiones de los órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores de la Cámara de Diputados y del Senado les compete a estas y “quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal”.
