Libre Expresión / José Antonio Cuellar M.
Sobre la ejecución artera al periodista Josué Martínez Contreras, que dirigía el portal de Noticias San Martín Texmelucan, con presencia en redes sociales que se enfocaba en la cobertura de acontecimientos locales, con especial énfasis en temas de seguridad y sucesos, ha generado consternación social.
El acontecimiento se da en medio de un clima de inseguridad en San Martín Texmelucan, uno de los municipios más complicado en el estado, no tan solo por la gran actividad comercial, sino porque es lugar de paso.
De acuerdo a estadísticas oficiales el municipio registró 57 asesinatos en 2025, lo que lo colocó como el de mayor tasa de homicidios en Puebla.
En la zona se tienen identificadas por lo menos 14 grupos delictivos relacionados con huachicol, narcomenudeo, extorsiones, robo a transportistas y comerciantes.
La violencia ha sido alimentada por bandas provenientes de municipios vecinos e incluso de los estados de México y Tlaxcala.
Cubrir estos temas en un entorno de alta criminalidad expone a cualquier comunicador a riesgos.
Josué había denunciado públicamente haber recibido amenazas semanas antes de muerte. En un video que circuló en redes sociales tras su muerte, señaló presuntamente al presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco por estas intimidaciones, relacionadas con su labor de cuestionar el manejo de recursos públicos.
Martínez participó en 2021 en campañas del candidato independiente Filemón Ramírez, lo que podría haber generado tensiones en el ámbito local.
En el contexto nacional este homicidio se suma a una preocupante tendencia. En lo que va de 2026 ya son varios periodistas asesinados en México, lo que mantiene alerta a organismos nacionales e internacionales.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha determinado si el crimen estuvo relacionado con su labor periodística o si responde a otra motivación. No hay personas detenidas.
La combinación de su actividad profesional en una zona de alta presencia delictiva, las amenazas previas y el clima de violencia contra la prensa en el país, hacen que esclarecer el móvil sea una prioridad absoluta. La Fiscalía tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación posibles.
La muerte de Josué Martínez, es lamentable, más aún porque su hijo de 13 años fue testigo del ataque. La familia y la sociedad poblana merecen respuestas claras y oportunas.
Que este gobierno que encabeza Alejandro Armenta haya marcado distancia con épocas pasadas de abierta represión a la prensa (como se vivió en algunos periodos anteriores) eso es un avance y da garantías de que el caso no quedará impune. Puebla crece, y con el crecimiento se multiplican los desafíos para avanzar hacia una entidad más segura y transparente.
