*Le dice al Consorcio Universitario, a mirar por la educación y no por sus intereses económicos.
*Asegura que los alcances de la ley nada tiene que ver con apropiarse de bienes muebles e inmuebles.
Angélica garcía Muñoz / Diariosinsecretos.com
Puebla capital.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta, defiende la nueva ley de Educación aprobada por el Congreso del Estado, y le pide al Consorcio Universitario, a mirar por la educación y no por sus intereses económicos, “ya que las cosas en Puebla ya cambiaron y no volverán a ser como antes, cuando recibían canongías de los gobiernos”.
A través de su cuenta de twitter @MBarbosaMX, el mandatario estatal, precisa que “la misma previsión por obligación, quedó establecida en la Ley de Educación Estatal en su artículo 105. Su alcance nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes muebles e inmuebles, sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados. El concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país”.
La nueva ley aprobada por el Congreso del Estado a resultado polémica a nivel nacional, aunque la finalidad es adecuar el marco jurídico estatal a la nueva Reforma Educativa Nacional, y que se garantice el acceso a una educación de excelencia, sustentada en los criterios de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
De acuerdo a la nueva ley la SEP tendrá facultad para regular los nombres de las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Estatal, ya sean públicas o privadas, que tengan nombres de servidores públicos o representantes populares en funciones.
Las escuelas públicas o privadas ya no podrán retener documentación personal del alumno por falta de pago de colegiaturas o cooperaciones impuestas, o por no adquirir uniformes en tiendas determinadas por directores, maestros o padres de familia.
En cuanto a las instituciones de enseñanza superior, la ley les exige estar disponibles para que la SEP realice auditorias en cuanto al uso que den a recursos oficiales recibidos para programas de enseñanza.
