La efectividad de los acuerdos reparatorios y los límites del sistema de justicia quedan expuestos cuando una acusada logra negociar el retiro de la mayoría de sus denuncias. A pesar del aval económico obtenido con casi la totalidad de sus víctimas en el ámbito estatal, la privación de la libertad se mantiene cuando un sector de los afectados sostiene las acciones penales y la autoridad administrativa eleva la causa al fuero federal.
Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, informó que la defensa legal de Marilyn Cote consiguió el perdón de nueve de los 11 pacientes que la denunciaron en la entidad por hacerse pasar por psiquiatra sin contar con la acreditación académica requerida. La mujer permanece recluida en el Centro de Readaptación Social femenil de Ciudad Serdán, en Puebla, tras la clausura de su consultorio Neuropsychology Clinic en noviembre de 2024.
La titular de la FGE precisó que el resto de los denunciantes aceptó una suma económica, pero la acusada no saldrá de prisión debido a que dos de las víctimas rechazaron alcanzar un acuerdo. A la par del proceso local, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por infracciones a la Ley General de Salud, sumando tres carpetas de investigación abiertas y judicializadas por la presunta comisión del delito de suministro de narcóticos.
El caso continúa en desarrollo en el ámbito judicial, donde la FGE confirmó que mantendrá la orientación a las víctimas que no aceptaron acuerdos reparatorios, mientras avanzan las carpetas procesadas ante el fuero federal para la determinación de una futura sentencia condenatoria.
