Ciudad de México.- Los 32 gobernadores emanados de todos los partidos políticos, pidieron a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no eliminar la prisión preventiva, ya que se correría el riesgo de generar ingobernabilidad.
Señalaron que si la Corte Federal toma esa decisión quedarán en libertad inmediata más de 68 mil delincuentes del crimen organizado y homicidas.
Los 32 gobernadores -incluyendo los del seis del PAN, María Teresa Jiménez Esquivel, de Aguascalientes, María Eugenia Campos, de Chihuahua, Esteban Alejandro Villegas, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Mauricio Kuri, de Querétaro, y Mauricio Villa de Yucatán-; y el priista Manolo Jiménez, de Coahuila; y los de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, Jalisco; y Samuel García, Nuevo León; y los 23 restantes de Morena, incluyendo el Jefe de Gobierno, Martí Batres, enviaron carta a la ministra presidenta de la SCJN, Norma pIÑA.
Y en la que refieren: “(Esto) con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”.
“No podemos -agregan- dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”,se destaca en otra parte del documento.
“Por ello, agregaron, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.
