Si los gobiernos de todos los niveles están abiertos al escrutinio que se hace público, ¿por qué los periodistas no?
Me refiero a los verdaderos periodistas, no a los remedos que usurpan un lugar que no les corresponde; a los mercenarios que se alquilan por todos lados para pegar y cobrar. Estos, por ese simple hecho, deberían ser juzgados legalmente, aparte de exhibidos.
Todos, absolutamente todos, incluyendo a servidores públicos y periodistas, gozan de la garantía de expresarse, de defenderse de calumnias, chantajes y daño moral.
Ningún periodista está siendo perseguido por escribir o hablar. Si extorsionan, roban o delinquen en cualquier modalidad, por supuesto que tienen que enfrentar a la justicia como todo ciudadano.
En lo personal, siempre he dicho que el “cuarto poder” nunca ha existido. Quien así lo crea está en un error. Nadie puede estar al margen de la ley.
La patente de corso ya no existe.
Veamos:
A los dueños de medios de comunicación, incluyendo a reporteros y periodistas, no tendría que espantarlos y menos indignarlos la implementación del detector de mentiras en Puebla, al estilo de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y, ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si los que escriben o se comunican a través del micrófono de radio o la pantalla televisiva lo hacen apegados a la ética y profesionalismo, sin chantajes ni extorsiones por un convenio publicitario, sin el afán de desahogar la venganza política, sin ser manipulados por patrocinadores inmorales, no tienen problema alguno con la decisión del gobierno de Alejandro Armenta de colocar en el escaparate a los que gustan de proferir mentiras o inventar historias lejanas a la realidad.
Esto no tiene que ver con censura a la libertad de expresión ni el acceso a la información ni con estigmatización a reporteros y periodistas ni con la crítica ni con la interpretación, como lo quieren hacer ver en sus reclamos algunos inconformes, sino con la necesidad de que las informaciones estén apegadas a la verdad, sin distorsiones llenas de veneno que pretenden destruir.
Tampoco está destinada a incrementar la violencia contra los comunicadores, porque entonces los servidores públicos que son exhibidos en páginas de periódicos, revistas y redes estarían en las mismas condiciones.
Es cierto, los medios de comunicación son parte de la vida democrática, hay que reconocerlo y no son acosados por publicar información incómoda como ocurrió en gobiernos del PRI y el PAN. Simplemente, con el detector de mentiras, se les está conminando a no utilizar la farsa ni dañar reputaciones con métodos inmorales en su profesión a la que ensucian vilmente.
No existen amenazas de cárcel ni sanciones económicas por hacer gala de su libertad de expresión, que no debe confundirse con libertinaje.
No hay paso a la impunidad, sinónimo de alta corrupción.
Esto es legítimo aquí y en China.
POSDATA: Tenemos la obligación de enterarnos en que consisten los diferentes géneros periodísticos; tratar de utilizar un lenguaje sencillo para una comunicación adecuada y saber lo que indica la libertad de expresión que no es exclusiva de periodistas, sino de todos los ciudadanos.
POSDATA 2: Los mercenarios en la profesión periodística son detestables. Lamentablemente, abundan.
POSDATA 3: La lealtad y la amistad son conceptos que no existen entre los farsantes, vividores, extorsionadores y los que están acostumbrados a enriquecerse con la trampa.
