Alejandro Armenta no llegó al gobierno de Puebla a saciar ambiciones personales ni enriquecerse a costa de los ciudadanos ni mucho menos a perjudicar a los ayuntamientos o doblegar la soberanía de los Poderes Legislativo y Judicial.
Es lamentable que con el mismo actuar deplorable de administraciones pasadas se pretenda etiquetar al armentismo.
No se equivoquen: no son iguales y por supuesto que hay una gran diferencia.
Es incómodo estar comparando actuaciones, pero es necesario, porque han existido gobiernos prianistas que destrozaron las entrañas de Puebla, inyectando veneno a la voluntad ciudadana y reforzando la incredulidad de que todavía queden políticos decentes.
Los gobiernos de la ignominia que representaron Mariano Piña Olaya, Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, no solamente dejaron expropiaciones escandalosas, sino que hipotecaron al estado por medio siglo.
Se han citado de manera consistente las obras de relumbrón de “Rafabala” a través de los esquemas PPS y APP, que sirvieron para endeudar a Puebla, quebrar las finanzas y robar de manera descarada. Nadie ignora lo que representa la concesión del agua potable, lo inservible del Museo del Barroco, la rueda del infortunio, el teleférico, las ciclovías, el CIS, el despojo de obras valiosas a museos y templos, el deplorable transporte Ruta, la aparición del cartel inmobiliario y un largo etcétera.
Hay que agregar la desaparición del registro civil en todas las juntas auxiliares del estado, el manejo de recursos fiscales municipales y apropiarse indebidamente del Impuesto Sobre la Renta que fue entregado al Fideicomiso EVERCORE de Pedro Aspe Armella.
Desde 2013 que empezó a tejerse la maraña de abusos, pocos, muy pocos se atrevieron a levantar la voz porque temían que les quitaran sus convenios, sus canonjías, sus posiciones en el servicio público. Servidores públicos y periodistas le tenían terror al nieto del general.
Esto viene a cuento porque los que fueron omisos o cómplices con el gobierno del PAN de Moreno Valle Rosas, ahora se atreven a criticar, por conveniencia o mala fe, todo lo que hace el gobierno de Alejandro Armenta.
Lo citado tiene que ver con lo siguiente:
El hecho de que el actual gobierno estatal ayude al cobro eficiente del impuesto predial a los ayuntamientos, incluyendo al de Puebla capital, no es indebido ni se debe a una medida coercitiva ni unilateral, por el contrario, es producto de un convenio de colaboración aprobado por los cabildos conforme a la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del estado, que permitirá acceder a los municipios a incentivos financieros federales para obras y servicios.
Nada que ver con la pérdida de autonomía municipal.
Ni tampoco con la administración de recursos del predial, porque pasarán íntegros a los ayuntamientos.
En todo momento Armenta ha querido ser partícipe del desarrollo municipal y no de su rezago. La prueba está en su aportación al bacheo de 5 mil calles de la capital y la creación de 33 avenidas, algo nunca visto, no obstante que esa tarea le corresponde al ayuntamiento.
Al mismo tiempo vigila que los alcaldes no derrochen el dinero ni lo desvíen en claros actos de corrupción, lo que no significa intromisión a las tareas municipales, sino que obedece a su alta responsabilidad como jefe político del Estado.
POSDATA: Alejandro Armenta ha prometido ser el mejor gobernador en la historia de Puebla.
Tengo la certeza de que así será.
Avalaron su llegada 2 millones de votos.
POSDATA 2: El gobernador está abierto a escuchar voces de todas las corrientes, incluso la de aquellas personas identificadas como sus enemigas. Esto no significa ser omiso ni colaborador de causas sucias.
Armenta ha recorrido la legua.
La ingenuidad es un término que no aparece en su diccionario.
POSDATA 3: La presidenta Claudia Sheinbaum recibió y escuchó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien carga sus nexos con la CIA. Se tomaron una fotografía que fue compartida rápidamente por la norteña, queriendo mandar un mensaje de “borrón y cuenta nueva”.
Craso error.
Hoy, las investigaciones continúan y será el Congreso de la Unión el que dictamine si se abre un juicio político a la panista por alta traición a la patria.
Y conste que se les vio juntas en palacio, pero no revueltas.
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