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Por José Manuel Trinidad Corona/ Piwi
Por primera vez en la historia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha decidido poner bajo la lupa a 50 municipios del estado de Puebla. Esta medida, que promete ser un hito en la fiscalización de los recursos públicos, representa una oportunidad única para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública local.
La ASF, organismo encargado de revisar la Cuenta Pública y fiscalizar el uso de recursos federales, ha seleccionado a estos municipios no al azar, sino basándose en la identificación de irregularidades en la ejecución de recursos públicos. En un país donde la corrupción ha sido un tema recurrente, la atención que se les dará a estos 50 municipios podría marcar el inicio de un cambio significativo en la gestión de los recursos públicos en la región.
Entre los municipios que serán observados se encuentran Puebla Capital, San Martín Texmelucan, Huejotzingo y San Pedro Cholula, San Lorenzo Chiautzingo, Acatzingo, Tepeaca, San Andrés Cholula entre otros. La selección de estos lugares no solo refleja la gravedad de las irregularidades encontradas, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades locales se preparen y respondan a esta auditoría con seriedad.
Es preciso mencionar que los gobiernos municipales se mantengan atentos y proactivos ante esta revisión. La transparencia no solo es un deber, sino un derecho de los ciudadanos, quienes merecen saber cómo se gestionan los recursos que pertenecen a la comunidad. Esta auditoría puede ser una oportunidad para erradicar la corrupción visible así cómo corregir el rumbo, identificar deficiencias y mejorar la administración pública.
Sin embargo, no basta con esperar resultados; es necesario que la ciudadanía también participe activamente en este proceso. La vigilancia social puede ser un aliado poderoso para asegurar que los recursos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la población.
La historia de la auditoría en Puebla está en una encrucijada. Este primer paso hacia la observación y fiscalización de los municipios es un llamado a la acción para todos los actores involucrados. La responsabilidad recae no solo en los auditores, sino también en los gobiernos locales y sus servicios públicos, y sociedad civil. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares para un reeducación de quién es ostentan un cargo público y ejerzan recursos públicos.
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