J. Antonio Cuéllar M. / Libre Expresión
El Gobierno de Puebla, otorgó el 14 por ciento de incremento salarial a los policías estatales, por cierto bien recibido por la mayoría de los elementos de la corporación.
No así por 200 policías que optaron por la protesta callejera – en el zócalo, y en Casa Aguayo-.
Un día antes – 2 de junio- ese mismo grupo inconforme exigió aumento salarial, un bono Covid-19; y rechazo a los nuevos mandos policiacos, bajo el argumento de que representan una intromisión para la corporación.
El miércoles 3, por la mañana, en su conferencia mañanera el propio Miguel Barbosa, instó a los inconformes que se sumaran a las negociaciones, quienes optaron por escuchar otras voces ajenas al actual gobierno decidido a terminar con vicios, corruptelas e impunidad.
La llegada de Raciel López, a la Secretaria de Seguridad Publica, afectó intereses de quienes por años crearon su coto de poder en detrimento de la sociedad.
Sin tapujos, el gobierno de Miguel Barbosa, aseguró que quienes están atrás del movimiento rebelde, son entre otros, José Tlachi Meneses, coordinador general de Seguridad Pública en el municipio de Puebla; lo mismo que los exjefes policiacos Manuel Alonso; y Jesús Morales; y otro que menciona es al abogado Miguel Jiménez Castillo, que se le llegó mencionar para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, pero fue Raciel López, el palomeado por Barbosa.
Por décadas, los jefes en turno de la Secretaría de Seguridad Pública, en los hechos no combatieron a la delincuencia, sino por el contrario las órdenes “superiores” fueron ignorarla.
Las malas prácticas van más allá de los gobiernos morenovallista y galista. Alcanzan a los gobiernos emanados del PRI, aunque con Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, el clima de violencia en Puebla se recrudeció.
Desde la llegada de Raciel López al área de Seguridad Pública, se han hecho más de 950 detenciones de presuntos delincuentes de bandas dedicadas principalmente al narcomenudeo, a la extorsión, secuestro, robo de vehículos, entre otros.
El Gobierno del Estado, ha señalado que el conflicto policial está patrocinado por mandos policiacos de la capital del Estado,.
El mandatario estatal, señaló que la auto llamada “hermandad”, opera en el Municipio de Puebla, y que de acuerdo a informaciones periodísticas “La hermandad” data desde los tiempos en que gobernó la capital Mario Marín Torres, y que a través del tiempo se fue fortaleciendo, pero hoy Miguel Barbosa, no está dispuesto a ceder a ninguna propuesta que obstaculice el combate contra la delincuencia.
El mandatario estatal dio conocer que del 2013 al 2019 se tuvo una partida de dinero “secreta”, y que los dineros fluían de la Secretaría General del Estado, y que la actual administración tiene la obligación de investigar y dar cuentas claras a la sociedad, y si hay alguna irregularidad proceder en consecuencia.
Retomando el conflicto policial, no es el aumento salarial, ni el bono económico por la contingencia de Coronavirus, la principal exigencia de los policías, sino el fondo no querer estar supeditados a nuevos mandos, lo cual no abona al proceso de saneamiento de la corporación, sino a mantener los mismos vicios, y en esto no cederá el gobierno.
