Justicia ante victimización de Eduardo Rivera 

*Las facturas del pasado tarde que temprano terminan por cobrarse

LIBRE EXPRESIÓN / José Antonio Cuéllar M.

La sanción dictada por la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla contra el exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez y Bernardo Arrubarrena, exdirector de Administración Municipal, de inhabilitarlos de ocupar cargos públicos y de imponer sanciones económicas, marca un punto de inflexión en la rendición de cuentas del estado. Lejos de ser una decisión improvisada o un arrebato de última hora, este fallo es el resultado de un riguroso procedimiento de año y medio que incluyó revisiones de cuentas públicas, presentación de pruebas y el pleno ejercicio del derecho a la defensa, pero para Eduardo Rivera, en su trayectoria política, cada vez que se enfrenta al escrutinio público y de instancias legales, recurre de inmediato al viejo guión de la victimización. 

Ante la inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos y la multa de 15 millones de pesos; y la sanción a Bernardo Arrubarena, por 10 millones de pesos; y una inhabilitación por 10 años, derivada de un daño patrimonial superior a los 45.6 millones de pesos en su cuenta pública de 2022, el político responde con la narrativa de que es objeto de un ataque sistemático y preocupante coincidencia electoral rumbo a 2027.

Sin embargo, pretender que cualquier acto de fiscalización responde a una consigna política es una estrategia desgastada y ruin. Los pliegos de observaciones emitidos por la Auditoría Superior del Estado y los expedientes documentados por la Contraloría Municipal capitalina no son invenciones partidistas, sino estudios técnicos sustentados en auditorías financieras que exigen respuestas claras sobre el manejo del erario.

El contraste entre el silencio procesal y el escándalo mediático es evidente. Durante las etapas de investigación y la presentación de alegatos de defensa —que tuvieron lugar hace apenas un par de semanas—, los implicados guardaron absoluto silencio, sin pronunciarse públicamente. No fue sino hasta que la primera instancia judicial emitió una resolución adversa cuando se activó la maquinaria de los discursos de persecución.

Es vital recordar que este fallo del Tribunal de Justicia Administrativa representa apenas el primer paso de un proceso legal prolongado. Tanto Eduardo Rivera como Bernardo Arrubarena, tienen las vías de defensa a través de la Sala Superior del Tribunal y el posterior amparo directo, lo que demuestra que las garantías procesales se han respetado puntualmente y que el litigio aún tiene largo camino por recorrer.

La justicia administrativa no opera al ritmo de los calendarios electorales, sino de los tiempos que imponen las indagatorias complejas, el desahogo de pruebas y la revisión minuciosa de las finanzas públicas. Pretender blindar las irregularidades del pasado bajo el argumento de persecución política constituye un agravio directo a la sociedad y a la transparencia institucional.

El boquete financiero detectado en la gestión 2022 no es un asunto menor ni un simple tecnicismo contable. Hablar de más de 45 millones de pesos sin aclarar y de expedientes adicionales por presunto peculado y desvío de recursos turnados al Tribunal de Justicia Administrativa coloca la discusión en el terreno de la responsabilidad legal indeclinable, donde las facturas del pasado tarde que temprano terminan por cobrarse.

En el ajedrez del poder poblano, la subordinación de la ley a los intereses de grupo ha sido un fantasma recurrente, pero hoy la dinámica exige una lectura distinta. La separación de poderes y la actuación de los órganos fiscalizadores deben entenderse no como herramientas de coacción, sino como los únicos diques posibles contra la impunidad y el manejo discrecional de los recursos de los poblanos.

La línea entre la deliberación política y la procuración de justicia suele volverse difusa ante la opinión pública debido al ruido partidista. No obstante, frente al discurso victimizante que busca desacreditar a las instituciones al primer revés legal, se impone una premisa democrática fundamental: la ley es la ley y nadie puede estar por encima de la rendición de cuentas.

Ha llegado el momento de que impere la justicia sin atajos ni privilegios. Si las instancias superiores confirman las faltas graves, se habrá sentado un precedente indispensable de que el ejercicio del poder público conlleva obligaciones intransferibles y que la opacidad administrativa, sin importar el peso político del infractor, finalmente tiene consecuencias tangibles.