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El actuar de integrantes del Poder Judicial ha retrasado juicios o procesos penales relacionados con el pago de impuestos, lo que afecta la recaudación en la Hacienda pública por alrededor de 80 mil millones de pesos, denunció el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla.
La cifra señalada equivale a aumentar un 25 por ciento el apoyo a las y los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o al presupuesto de tres años y medio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Indicó que “si este puñado de personas pagaran lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública”.
El procurador presentó en conferencia matutina casos de retraso en la impartición de justicia. El primero involucra a una empresa de gran tamaño con presencia nacional, fiscalizada durante 2010, 2011 y 2013, que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos, pero impulsó estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia.
Luego de 13 años de juicios, a la fecha no se ha recuperado este capital. En los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales pidió al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar los litigios con el pretexto de la excepcional facultad de atracción, solicitada por parte de la empresa, y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada.
Frente a esta situación, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ser omisa en resolver este asunto. Sostuvo que retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta contra la Constitución, la propia naturaleza del máximo tribunal y los recursos de todos los mexicanos, por lo que anunció que el Gobierno de México presentará una queja contra el ministro Aguilar Morales.
