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La administración Trump ha reactivado el uso del centro de detención de Guantánamo Bay, Cuba, para albergar a inmigrantes indocumentados, un territorio hasta ahora reservado para sospechosos de terrorismo.
Desde febrero de 2025, han sido trasladadas personas con órdenes finales de deportación —principalmente de Venezuela, así como países de Europa, África y Asia— al Guantánamo Migrant Operations Center (GMOC) y campamentos militares como el Camp 6.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aproximadamente 54 inmigrantes permanecen detenidos en Guantánamo al 1 de julio de 2025, de los cuales cerca de 68 han sido clasificados como de “alto riesgo” en instalaciones de alta seguridad y 14 en zonas menos restringidas.
El propósito gubernamental: aliviar la presión en centros de detención estadounidenses, tratando de implementar la visión de una capacidad de hasta 30,000 migrantes en Guantánamo, aunque la operacionalización enfrenta retrasos y resistencia legal.
Abogados y organizaciones de derechos humanos han presentado demandas alegando condiciones bajo los estándares y posibles violaciones a derechos constitucionales: aislamiento extremo, prohibición de acceso a asesoría legal, iluminación constante, restricciones de comunicación con familiares y trato intimidatorio sanitario.
Además, se han revelado costes altísimos: se estima que mantener a un inmigrante en Guantánamo cuesta cerca de 100,000 USD diarios, significativamente más que la detención en instalaciones civiles (~165 USD/día) .
Esta controversia revive el cuestionado uso de Guantánamo como herramienta migratoria y penal. Para críticos, el traslado de personas por cargos civiles a este enclave habilitado para detenidos de guerra plantea precedentes legales peligrosos y erosiona el estado de derecho en aduanas y migración
