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Diario Sin Secretos
Quintana Roo.— Un total de 30 empresas denunciaron maltrato, corrupción e intento de extorsión por parte del director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad en Quintana Roo, Jaime Ongay Ortiz. Los quejosos indicaron públicamente que el señalado retiene trámites y ofrece liberarlos sólo si recibe sumas millonarias para ello, por lo cual exigieron al gobierno del estado su remoción del cargo, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta contundente a esta demanda por parte del Poder Ejecutivo de la entidad.
En las quejas presentadas por los citados integrantes de la iniciativa privada, expresan que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y la Ley de Seguridad Privada establecen que los plazos generales para resolver trámites de autorización son de 1 a 90 días hábiles, pero actualmente los trámites quedan en la congeladora o se retrasan el doble de tiempo sin justificación alguna, lo que les implica pérdidas cuantiosas al no poder operar en forma.
Destacaron que Ongay Ortiz, junto a su secretaria, Isis Yetlanexy Amilpa Córdoba, exigen pagos millonarios para agilizar los trámites, so pena de que se queden sin resolver si no acceden a dar el dinero solicitado.
Los agraviados resaltaron que cuentan con pruebas de sus dichos, mismas que presentarán ante las autoridades competentes, apuntando que la muestra más evidente de ello es que las compañías que sí acceden a pagar dichas sumas reciben aprobación de la dependencia en tan solo un par de días.
Omisión del gobierno
A pesar del reclamo de la gente de negocios, el gobierno permanece omiso, pues ni el titular de la SSC, Julio César Gómez Torres, ni alguna otra representación del gobierno estatal han tomado medidas o siquiera se han pronunciado al respecto de este tema, lo que ha provocado suspicacias en torno a que el director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad se encuentra protegido.
Por tal motivo, los integrantes de la cúpula empresarial nuevamente solicitaron a la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, que tome cartas en el asunto, despidiendo al funcionario y creando un canal seguro para denuncias, a fin de garantizar transparencia en la realización de trámites.
Cabe destacar que Ongay Ortiz tiene antecedentes de cometer irregularidades desde el poder. De hecho, en 2005 fue acusado de participar en la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho, quien fue torturada por orden del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, actualmente en arraigo domiciliario por tal delito.
Se encuentra documentado que la Suprema Corte de Justicia de Quintana Roo responsabilizó a Ongay Ortiz, quien en aquel entonces era jefe de la Policía Judicial, por su participación en la injustificada detención.
Asimismo, en 2018, Ongay se desempeñaba como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Isla Mujeres, siendo acusado por elementos de la propia policía municipal, quienes aseguraron haber sido víctimas de extorsión.
La situación ha generado un clima de desconfianza entre los empresarios del ramo de la seguridad privada, quienes advierten que este tipo de prácticas afectan no solo su operatividad, sino también la percepción de legalidad y competitividad en el estado. Señalan que resulta incongruente que mientras se promueve a Quintana Roo como destino confiable para la inversión, se toleren abusos desde el interior del propio aparato gubernamental.
Asimismo, los denunciantes hicieron un llamado a los organismos de fiscalización y transparencia, tanto estatales como federales, para que investiguen a fondo las actividades del funcionario y su entorno inmediato. Insisten en que no basta con removerlo del cargo, sino que debe ser sometido a un proceso legal que determine responsabilidades y repare el daño causado a quienes se han visto afectados por sus presuntos actos de corrupción.
Finalmente, recalcaron que el silencio institucional puede interpretarse como complicidad, por lo que reiteraron su exigencia de que se tomen medidas inmediatas y ejemplares. «No se puede construir un estado de derecho sobre la impunidad», sentenciaron, advirtiendo que, de persistir la omisión gubernamental, recurrirán a instancias nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos.
