Si bien en México existen 3 organismos competentes en materia de ciberseguridad (CERT-MX, Policía Federal y el INAI), encargados de responder a incidentes cibernéticos; investigar y dar seguimiento a actividades selectivas por internet; garantizar el acceso a información pública y proteger datos personales, respectivamente, urge se legisle para que todos los estados se involucren en la detección de agresiones, amenazas y acoso; detención de los responsables y castigar de manera ejemplar a los delincuentes que se parapetan en el anonimato y el terrorismo en las redes sociales.
En Puebla se anunció la ley cibernética e inmediatamente saltaron los reaccionarios distorsionando sus alcances y confundiendo su espíritu de seguridad ciudadana con una agresión a la libertad de expresión y la crítica, incluyendo una supuesta venganza contra portales fantasmas y cuentas falsas que utilizan la calumnia, la farsa y la mentira como métodos constantes de perversión.
Esto solo cabe en la locura de sus cabezas cuadradas.
No obstante, el gobernador Alejandro Armenta ha solicitado respetuosamente al Congreso del Estado convoque a cámaras, empresarios, universidades, periodistas, estudiantes, maestros, abogados, profesionistas, ciudadanos, para que la Ley Cibernética se apruebe por consenso.
Nadie en su sano juicio desea estar expuesto a la inseguridad por internet, multiplicando la maldad cotidiana que ha venido creciendo.
Decidirá el pueblo.
Su voz es ley.
Desde 2018 existen más de una decena de iniciativas sobre ciberseguridad y hasta el momento ninguna ha llegado a concretarse, no obstante que en 2022 se aseguraba su legislación que colocara a México en el mismo nivel de Europa y Estados Unidos.
Como dato dramático, México es el país latinoamericano que más intentos de ataques cibernéticos ha recibido.
América Latina, en los primeros 6 meses de 2022, sufrió 137 millones de intentos de ataques cibernéticos, correspondiendo a México 85 millones.
Y en los últimos 4 años han sido atacadas por cibercriminales la Lotería Nacional, la Defensa Nacional, el Seguro Social, BANCOMEXT, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y diferentes gobiernos estatales.
Empresas expertas en ciberseguridad advierten sobre la necesidad de regular los contenidos en redes sociales, combatir las noticias falsas y castigar de manera ejemplar a los delincuentes y mercenarios cibernéticos que sirven a oscuros intereses políticos y económicos.
POSDATA: Cínicos y mentirosos aquellos que en Puebla juran por Pinocho que la ley de ciberseguridad es un freno a la libertad de expresión y a la crítica que no ha podido ser callada con “chayotes”.
Ver para creer.
Los “chayoteros” y los extorsionadores sufren porque nadie se traga su cuento.
Están bien identificados por ser la servidumbre que es pagada para formar parte de los frustrados que añoran el poder político y que solo les queda tratar de impedir que bien gobierne Alejandro Armenta.
No ocultan su odio por la cuarta transformación.
Las cartas están abiertas.
Solo permanecen en el anonimato los cibernautas terroristas.
POSDATA 2: Nadie ha sido impedido de ejercer la libertad de expresión. No hay prohibición alguna.
POSDATA 3: Ofensas, difamaciones, mentadas de madre, se escuchan abiertamente en medios de comunicación y no hay represalia de ninguna especie. Si alguien sostiene lo contrario, que lo demuestre.
