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Ciudad de México. El escándalo entre el creador de contenido MrBeast y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sigue dando de qué hablar. Ahora, el Instituto ha decidido clasificar como reservados los permisos otorgados al youtuber para grabar en zonas arqueológicas mayas, lo que significa que el público no podrá conocer los detalles hasta el año 2030.
La solicitud de transparencia oficial número 330018325000312 fue rechazada, argumentando que revelar estos documentos podría entorpecer el proceso legal que aún está en curso. Según el INAH, se investigan irregularidades en el uso de imágenes arqueológicas con fines comerciales, algo que no estaba autorizado en los permisos otorgados.
El video en cuestión, titulado “Exploré templos de 2000 años de antigüedad”, fue publicado por MrBeast y acumuló millones de vistas. Sin embargo, el INAH sostiene que la producción incumplió lo pactado, al grabar y difundir material más allá de lo autorizado y sin haber entregado una escaleta detallada, como exige la normativa.
¿MrBeast está siendo demandado?
En redes sociales, MrBeast aseguró que no ha sido demandado por el gobierno mexicano. En una publicación del 18 de mayo en su cuenta de X (antes Twitter), afirmó: “We are not and have never been sued by them”. No obstante, el director del INAH, Diego Prieto, confirmó que sí existe un proceso legal abierto, aunque todavía en etapa de conciliación, lo cual implica que no hay demanda formal, pero sí se han iniciado medidas legales.
El INAH propuso tres acciones para resolver el conflicto:
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Una disculpa pública por parte de la productora de MrBeast.
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La firma de un convenio de colaboración con el INAH.
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La definición de una reparación simbólica por el daño al patrimonio cultural.
¿Qué hizo mal MrBeast, según el INAH?
El Instituto acusa a la producción de haber solicitado permiso para una grabación guiada por arqueólogos, pero al final se habría realizado una filmación con objetivos comerciales y contenido no autorizado. Esto viola las reglas del uso de zonas arqueológicas y, según el INAH, representa un uso indebido del patrimonio histórico mexicano.
Por ahora, la polémica sigue sin resolverse y la transparencia sobre lo ocurrido queda bajo llave hasta dentro de cinco años, mientras las autoridades buscan garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.
