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Grupo Proyecta cederá tierras tras ultimátum: ¿Suficiente para reparar el despojo?
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Grupo Proyecta cederá tierras tras ultimátum: ¿Suficiente para reparar el despojo?

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Angélica García
Angélica GarcíaColumnista · 11 de Abr. 2025
Grupo Proyecta cederá tierras tras ultimátum: ¿Suficiente para reparar el despojo?

Tras ultimátum, Grupo Proyecta accedió a ceder las 2 hectáreas o podrían ser más solicitadas por el gobernador Alejandro Armenta, no sin antes dar patadas de ahogado buscando reflectores a través de medios de comunicación para evitar lo inevitable. Así, se hará realidad la construcción de viviendas para los policías estatales, una demanda sentida por […]

Tras ultimátum, Grupo Proyecta accedió a ceder las 2 hectáreas o podrían ser más solicitadas por el gobernador Alejandro Armenta, no sin antes dar patadas de ahogado buscando reflectores a través de medios de comunicación para evitar lo inevitable.

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Así, se hará realidad la construcción de viviendas para los policías estatales, una demanda sentida por muchos años.

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En el corazón de Puebla, las torres de Lomas de Angelópolis se erigen como emblemas de una riqueza construida sobre el despojo. Hace tres décadas, en 1991, el gobernador priista Mariano Piña Olaya firmó un decreto que expropió más de mil hectáreas de ejidos en San Andrés Cholula, bajo el pretexto de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. 

Tierras trabajadas por generaciones fueron arrebatadas a campesinos a precios irrisorios —2 o 3 pesos por metro cuadrado— y entregadas a consorcios como Grupo Proyecta, que las convirtieron en fraccionamientos de lujo, donde hoy el metro cuadrado supera los 20,000 pesos. Los ejidatarios, en cambio, quedaron con las manos vacías.

Hoy, el gobernador Alejandro Armenta, de Morena, puso el reflector sobre esta injusticia histórica. Su exigencia de que Grupo Proyecta donara  2 hectáreas para viviendas dignas de policías estatales —un sector donde el 50% de sus 14,000 elementos carece de hogar propio— desató una polémica que expuso las tensiones entre el poder empresarial y la justicia social.

 Armenta dio un ultimátum: 30 días para la donación o la expropiación de 4 hectáreas. Lo que para algunos fue “extorsión”, para otros es un acto de mínima reparación.

La cesión bajo presión:

Tras días de resistencia, Grupo Proyecta cedió. José Luis García Parra, coordinador del gabinete del gobierno de Alejandro Armenta, informó a través de Twitter que, en una reunión con representantes de la empresa, estos aceptaron donar las 2 hectáreas para construir viviendas para policías. El anuncio, publicado desde la cuenta oficial del @Gob_Puebla, marcó una victoria parcial para la administración morenista. Sin embargo, esta cesión no surgió de la buena voluntad empresarial, sino de la presión pública y la amenaza de expropiación. Algunos periodistas críticos intentaron suavizar la postura de la empresa, pero los hechos son claros: Grupo Proyecta no resistió el embate.

Esta donación, sin embargo, es apenas simbólica. Las 2 hectáreas son una fracción insignificante frente a las miles que la empresa controla gracias a aquel despojo de los 90. Mientras los consorcios lloran por esta “pérdida”, sus desarrollos siguen siendo un recordatorio de la desigualdad: un México de contrastes donde el lujo convive con la precariedad de quienes, como los policías, sostienen el orden sin un techo propio.

La caseta de Atlixco: ¿otro beneficio disfrazado?

En el mismo contexto, se abordó la reubicación de la caseta de Atlixco. Según declaraciones de Armenta, esta se moverá dos puentes más abajo, a la altura de Cascatta, en acuerdo con la concesionaria PINFRA. Aunque se presenta como una medida para mejorar la movilidad, la decisión también incrementará la plusvalía de los desarrollos de Grupo Proyecta en Lomas de Angelópolis. Así, incluso en este “sacrificio” de las 2 hectáreas, la empresa encuentra una ganancia. La ironía es evidente: el pueblo exige justicia, pero los consorcios siempre hallan la forma de salir beneficiados.

Una deuda histórica pendiente

La historia de Grupo Proyecta es la de un enriquecimiento construido sobre el despojo. En los 90, mientras el PRI abría paso al neoliberalismo, los ejidatarios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan perdían sus tierras ante escrituras dudosas y promesas incumplidas. Hoy, la 4T busca revertir esa lógica, y la exigencia de Armenta es un primer paso. Pero no basta. Las 2 hectáreas no compensan el agravio histórico ni saldan la deuda con los campesinos despojados ni con los policías que merecen más que migajas.

Puebla no olvida. La cesión de Grupo Proyecta es un gesto forzado, no una reparación. La justicia social exige más: que quienes se enriquecieron con la tierra del pueblo devuelvan lo justo. Como decía Zapata, “la tierra es de quien la trabaja”, y aunque Armenta ha abierto una grieta en el muro del privilegio, la lucha por un México equitativo apenas comienza.

En hora buena para los policías y sus familias. 

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