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Miami, Florida, 22 de mayo de 2025 — La jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida emitió un fallo contundente contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ordenándoles pagar 2,488 millones de dólares por un esquema de contratos ilícitos que desvió recursos públicos mexicanos hacia propiedades de lujo y cuentas en Florida. La sentencia, dictada por default debido a la reiterada incomparecencia de los acusados, expone un entramado de corrupción y lavado de dinero que operó entre 2012 y 2018.
Un esquema millonario al descubierto
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, García Luna y una red de colaboradores manipularon contratos de seguridad para extraer al menos 250 millones de dólares, que luego se inflaron a 580.8 millones mediante sobrecostos y comisiones secretas. Estos fondos fueron transferidos al condado de Miami-Dade, Florida, y ocultados a través de propiedades en Aventura, condominios de lujo y sociedades pantalla. La demanda detalla que Pereyra jugó un papel clave en la transferencia y ocultamiento de los activos, lo que le valió una sanción de 1,740 millones de dólares, mientras que García Luna debe restituir 748 millones.
Silencio que condena
Ni García Luna, actualmente encarcelado en Nueva York tras ser condenado en 2023 por narcotráfico, ni Pereyra respondieron a la demanda civil presentada en 2021. A pesar de las advertencias de la jueza Walsh, Pereyra dejó vencer los plazos y su abogado abandonó el caso. “Un demandado que no responde a la demanda admite los hechos bien fundamentados”, argumentó la UIF, logrando que la magistrada dictara una sentencia en rebeldía.
Embargos y cacería de activos
El fallo autoriza al gobierno mexicano a confiscar bienes en Florida y otras jurisdicciones que cooperen con órdenes civiles. Entre los codemandados están los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes negocian un acuerdo con la UIF, y exsubordinados como José Francisco Niembro, quien ya pagó 330 mil dólares. La UIF prepara un inventario detallado de propiedades y cuentas para una “audiencia probatoria de daños”, aunque recuperar la totalidad de los 2,488 millones será un desafío debido a fideicomisos opacos y activos revendidos.
Un precedente en la cooperación judicial
La Fiscalía mantiene una orden de aprehensión contra Pereyra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Este caso, que pone en evidencia la colaboración entre México y Florida para rastrear fondos ilícitos, sienta un precedente en la lucha contra la corrupción transnacional. La jueza Walsh, quien calificó el caso como “excesivamente demorado”, urgió a cerrar los acuerdos pendientes antes de un posible juicio contra los codemandados restantes.
