Por Israel Sánchez Mtz. Presidente de la UNPF
Los recientes resultados de la prueba PISA, estimado lector, como ya lo dimos a conocer como UNPF el pasado 6 de diciembre, han confirmado una de nuestras mayores preocupaciones cuando iniciamos el proceso de amparo en el mes de marzo 2023: Las políticas públicas en educación implementadas en el reciente gobierno federal NO SIRVEN Y NO VAN BIEN.
La prueba estandarizada PISA, es un instrumento de evaluación y medición que se realiza con los países miembros de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico del que México forma parte desde 1994). Como todo instrumento de evaluación, los resultados permiten tener una aproximación de la realidad y cómo poder afrontarla, e impulsar lo que se está haciendo bien, y lo que se está haciendo mal, corregirlo y realizar las mejoras en el proceso. De eso se trata una evaluación. Un gobierno que no se evalúa o no quiere ser evaluado, tiende a fracasar y sumirse en una crisis de gobernanza en el futuro. En el caso que nos ocupa, si no percibimos una mejora en la educación, tendremos graves problemas y peor aún, nuestras familias y sociedad quedarán estancadas.
Si bien es cierto que la pandemia afectó la educación general en todos los países miembros de la OCDE, en el caso de nuestro país, agravó aún más la situación de emergencia educativa, con más del 50% de la infraestructura deficiente, maestros sin capacitarse y niños que no aprenden. El problema radica en que este estancamiento se agudizó en esta administración. No así en otros países que afrontaron el problema con diversas estrategias.
Desde la sociedad civil, en particular a través de la UNPF, a partir de este año hemos alcanzado diversos acuerdos con Organizaciones como la Alianza de Maestros o el Colectivo por la Educación, para la generación de materiales que permitan reforzar las matemáticas, el español y las habilidades de lectura y ciencias y mitigar los efectos del desastre de las políticas públicas del actual gobierno tales como la ilegalidad de los libros y el modelo de la nueva escuela mexicana, también ilegal.
Nos preocupa y nos ocupa que el rezago no solo alcanza a las escuelas del sector público sino también al sector particular, dado que el retroceso se mide en ambos sectores. Las reuniones que hemos sostenido con diversos académicos en el medio superior han mostrado también una gran preocupación, dado que las próximas generaciones inmediatas de estudiantes universitarios (para los próximos 3 años) ni siquiera llegarán con el nivel requerido de aprendizaje. Así mismo, con el sector empresarial y comercial del país, con quienes hemos entablado un diálogo también en donde preocupa que no se puedan alcanzar los niveles de comprensión requeridos para las habilidades que requieren las empresas.
Teniendo esto como piso, el seguir impulsando una política educativa integral a largo plazo, con un marco legal adecuado que se respete, sin duda es uno de los retos de quienes aspiran a gobernar y a legislar en este país. A los Padres de Familia y a la población en general nos queda claro que, si no logramos superar el rezago educativo, es decir, que tanto sociedad como gobierno, podamos fortalecer un proceso de diálogo y comunicación para encontrar soluciones en esta materia de manera prioritaria y urgente, difícil será mejorar otros aspectos para que nuestro país se dignifique.
