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Los riesgos de corrupción en el Sistema de Justicia Penal Mexicano se presentan mayormente en la etapa de la investigación de los delitos. Afectan los derechos de las personas víctimas y las acusadas, facilitan la impunidad e impactan negativamente en la sociedad, porque ciudadanos pierden la confianza en las autoridades y se alejan de las instituciones.
En lo anterior concidieron especialistas que participaron en la mesa de diálogo “Corrupción en el sistema de justicia penal: ¿dónde están las puertas abiertas?”, organizada por México Evalúa.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), el 62.4% de la población en México considera a los fiscales como corruptos, el 62.9% piensa lo mismo de la policía estatal y el 65.4% de los jueces.
“El sistema de justicia penal es nuestro principal mecanismo para la solución de los conflictos. Si los ciudadanos desconfían de las instituciones, esta función se altera y la vida en sociedad pierde un soporte central”, aseguró Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Los participantes en la mesa de diálogo coincidieron en que la etapa de investigación, que corre a cargo de las fiscalías, es crítica, y puede provocar mayores riesgos de corrupción que otras etapas del proceso. Esto se debe, apuntaron, a que durante la investigación existen puntos de toma de decisión con grandes implicaciones para el proceso penal, las cuales, en ausencia de controles adecuados, pueden preparan un suelo fértil para negociaciones y transacciones informales.
También señalaron que frente a las fallas que suelen presentarse en la conducción de las investigaciones penales el Poder Judicial podría tener un papel activo como control y contrapeso de las fiscalías.
Ante este panorama, los expertos se pronunciaron, por:
1. Fortalecer la institucionalidad de las fiscalías.
2. Incorporar modelos de gestión en la investigación que estipulen con claridad las funciones del personal.
3. Incorporar procesos de selección de personal que aseguren su confiabilidad y su idoneidad.
4. Garantizar la autonomía e independencia de las y los operadores de justicia y fortalecer el servicio profesional de carrera.
5. Blindar al sistema de justicia penal de las redes criminales que propician actos de corrupción.
6. Priorizar la investigación de fenómenos criminales sobre la atención de casos aislados, a través de la persecución penal estratégica y mediante equipos multidisciplinarios.
7. Garantizar la máxima publicidad de las audiencias y resoluciones judiciales.
8. Fortalecer y asegurar la adecuada protección a víctimas y testigos, a fin de promover la denuncia interna de hechos y reducir el riesgo de represalias.
En el diálogo también participaron Siegfried Herzog, director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann; Melissa Zamora, co-coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Evelyn Recinos, abogada litigante de casos de exfuncionarios públicos involucrados en corrupción e impunidad y Juan Francisco Sandoval, exfiscal de Guatemala, los dos últimos exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
