Diputado presentó iniciativa para tipificar el uso ilegal de dispositivos electrónicos en penales

Diario Sin Secretos

En rueda de prensa, el diputado José Miguel Trujillo de Ita destacó la presentación de la iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de crear el tipo penal de introducción y uso no autorizado de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios, que permita sancionar a quienes ingresen teléfonos celulares u otros equipos con acceso a internet o telefonía, sin autorización.

El legislador subrayó que esta medida busca frenar delitos como la extorsión y el fraude que, en muchos casos, se originan desde los propios centros de reinserción social, donde los delincuentes tienen sus call centers para cometer actos delictivos.

La propuesta contempla establecer penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA). En caso de que el delito sea cometido por personal penitenciario, las sanciones aumentarán de cuatro a ocho años de prisión, multas de hasta mil UMA, así como la destitución e inhabilitación para ejercer cargos de seguridad pública por cinco años.

Además, se establecen agravantes cuando los dispositivos sean utilizados para cometer extorsión o fraude, con penas de hasta diez años de prisión, y sanciones más severas cuando exista colusión de directivos penitenciarios.

En esta reunión con medios de comunicación, el diputado también subrayó la presentación de la iniciativa para adicionar el artículo 407 Ter al Código Penal del Estado, con el fin de tipificar el fraude de instituciones educativas.

Esta propuesta busca sancionar a aquellas instituciones que operen sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), con el propósito de evitar engaños a estudiantes y garantizar que la educación impartida cumpla con los estándares legales y académicos.

El diputado refirió que ambas iniciativas responden a problemáticas reales que afectan a la ciudadanía, por lo que reiteró su compromiso de impulsar reformas que fortalezcan el Estado de derecho, la seguridad y la protección de las y los poblanos.