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El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es un nombre “matador” y una broma presidencial con consecuencias jurídicas graves, porque a partir de ahora, todo lo que administre, enajene, destruya, subaste o reintegre este organismo descentralizado, deberá ir acompañado de una acusación penal por el delito de robo, advirtió la diputada priista, Dulce María Sauri Riancho.
Al discutir la reforma para cambiar el nombre del Instituto de Administración de Bienes Activos, autorizado apenas el pasado 25 de julio, antes -SAE-, es solo una denominación afín al ingenio popular, pero no cambia la naturaleza del instituto y los mexicanos tienen derecho a saber, que todo lo que tutela no proviene necesariamente del crimen organizado o de la corrupción, sino que también forma parte del patrimonio de los ciudadanos mexicanos.
En ese sentido la vicepresidenta de la Cámara de Diputados recordó que “el gobierno acaba de subastar vehículos que fueron utilizados por el Estado Mayor Presidencial, que de ninguna manera eran robados. Si así ve Morena a las Fuerzas Armadas Nacionales, nos gustaría ver en dónde se encuentran los culpables de esos robos”.
En su oportunidad, la diputada poblana, Lucero Saldaña Pérez, explicó que el Instituto de Administración de Bienes Activos, ya era la instancia adecuada para administrar los bienes y activos asegurados o decomisados por procedimientos penales, así como los abandonados a favor del Estado, por lo que no es compatible con la nueva de nominación “para devolver al pueblo lo robado”.
Por ello, recalcó, que lo verdaderamente útil al reformar varias leyes como la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Nacional de Extinción de Dominio, de Concursos Mercantiles y el Código Nacional de Procedimientos Penales, sería llevar a cabo una mejora en la administración y monetarización de los recursos recuperados por el Estado y que el gobierno garantizara que las subastas se traduzcan en beneficios directos y tangibles para las familias mexicanas, sin soslayar la transparencia en su adjudicación.
“Lamentablemente lo que hoy se llevó a cabo fue únicamente el cambio de nombre y funciona como bandera del gobierno para institucionalizar una política de persecución a los servidores públicos, de despojo abierto al sector empresarial y abusos a la población en general, quienes verán sistemáticamente trasgredidas sus libertades y violación a sus derechos humanos” concluyó la legisladora Saldaña Pérez.
