¡Basta, no más candidatos y alcaldes corruptos e ineficientes!

Libre Expresión / José Antonio Cuéllar M.

La indignación ciudadana ha llegado a su límite ante la creciente lista de ediles y exalcaldes que enfrentan procesos penales o investigaciones en Puebla. Lo que se vendió como un compromiso de servicio terminó convertido en el saqueo impune del erario. Quienes rindieron protesta jurando guardar y hacer guardar la ley, terminaron defraudando la confianza popular y utilizando el poder municipal como un botín personal.

Esta crisis no es fortuita; tiene cómplices directos en las dirigencias partidistas. Los partidos políticos postulan a impresentables sin importar sus antecedentes morales con tal de ganar elecciones. Una vez que sus abanderados asumen el cargo y comienzan a incurrir en actos ilegales o sospechosos, estas organizaciones miran hacia otro lado, evadiendo cobardemente el costo político de haber abierto la puerta al abuso de autoridad.

A la corrupción se suma la parálisis administrativa que sufren no pocos municipios. Hay presidentes municipales que se cruzan de brazos y permiten que sus gestiones avancen a paso de tortuga. Para ocultar su evidente negligencia e incompetencia, recurren al trillado pretexto de la escasez de presupuesto o victimizarse alegando una supuesta falta de respaldo del Gobierno del Estado.

El caso de la capital poblana con el alcalde Pepe Chedraui, es el reflejo más condenable de esta incapacidad operativa y abandono de funciones. Resulta lamentable que el gobierno estatal deba salir al rescate para atender baches, inseguridad y servicios básicos que, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, son obligación estricta y directa del ayuntamiento.

Frente al cinismo de la clase política local, el gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó una clara advertencia a los partidos para que asuman su responsabilidad y examinen de forma rigurosa a sus aspirantes. El mensaje es contundente: los derechos político-electorales no pueden utilizarse como un escudo de impunidad para colar a la contienda a perfiles vinculados con la delincuencia, corrupción o incompetencia administrativa. 

Bajo este contexto, la fama pública debe convertirse en un filtro ineludible de evaluación. No se puede permitir que la delincuencia organizada o de cuello blanco, o el amiguismo y oportunismo,  usen la política como pasarela. Si un candidato carece de solvencia moral en su comunidad o cuenta con antecedentes turbios, o no es competente para el cargo, las dirigencias de los partidos políticos tienen el deber ético de cerrarle el paso sin contemplaciones ni complicidades.

Sin embargo, el reclamo de la sociedad civil exige ir mucho más allá de las meras advertencias y buenos deseos. Los partidos políticos deben estar obligados a implementar garantías reales y vinculantes, exigiendo a sus abanderados compromisos legales que protejan el erario frente a posibles saqueadores.

Una propuesta viable para frenar esta simulación es obligar a los candidatos a firmar ante notario público el compromiso formal de renuncia inmediata y disculpa pública si, al llegar al poder, incurren en actos de corrupción o incumplen sus propuestas de campaña. La ciudadanía ya no tolera cheques en blanco a favor de vividores del presupuesto.

La postura del Ejecutivo estatal de mantener «cero tolerancia» a la corrupción debe aplicarse caiga quien caiga y sin distingo de siglas partidistas. La omisión y el encubrimiento reiterado de anomalías no son meras fallas administrativas; constituyen complicidad directa con el delito y deben castigarse con todo el peso de la ley.

Puebla no puede aguantar más a los improvisados ni corruptos, ni protegidos de los partidos políticos. La sociedad demanda administraciones transparentes y de resultados inmediatos. La sociedad merece respeto.