La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para sancionar con penas de hasta 25 años de prisión el reclutamiento forzado de menores de edad, realizado de forma presencial o a través de medios digitales.
El posicionamiento fue emitido por la diputada federal Julieta Vences Valencia, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados e integrante del partido Morena, en el contexto del análisis legislativo sobre las nuevas modalidades operativas del crimen organizado.
La reforma contempla penas base de 10 a 20 años de cárcel, las cuales aumentan de 15 a 25 años de prisión cuando exista violencia, coacción, intimidación o abuso de poder, estableciendo que todo reclutamiento de menores se juzgará de manera automática como forzado, frente al riesgo de captación que enfrentan entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes según datos citados de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
La legisladora concluyó que la medida legal se complementa con las políticas sociales implementadas por la administración federal para atender las causas del delito y evitar que los menores sean captados por la delincuencia.
