Orden y justicia, son dos conceptos profundos que cuando se ejercitan con seriedad, pulcritud y profesionalismo, enaltecen y son garantía de éxito.
Es la forma de gobierno que ha propuesto en Puebla Alejandro Armenta y, sin temor a equivocarme, saldrá avante, a pesar de las vicisitudes y de la necesidad de pisar intereses creados que se oponen en aras de conservar los beneficios obtenidos en cada sexenio.
Cuando apenas se han cumplido 140 días de gestión, los vaticinios en todo el país es que el gobierno de Puebla será de los más brillantes de que se tenga memoria, aunque esto lacere las entrañas de los envidiosos.
Armenta tiene el respaldo de millones de poblanos y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Quien lo minimice en el pecado llevará la penitencia.
En varias ocasiones, desde la administración de Alfredo Arango, abordé las complicaciones por las que ha atravesado el ISSSTEP. Desde negligencias médicas, maltrato a derechohabientes, desabasto de medicinas, fraudes y los malos manejos en el área de jubilaciones y pensiones, siendo este último rubro donde se concentran una serie de graves anomalías que, si no me equivoco, ya deben tener detectadas y registradas las nuevas autoridades encabezadas por Luis Antonio Godina Herrera, el subdirector Luis Alberto Arriaga Lila y el administrativo Antonio Hernández y Genis.
Sin duda, Alfredo Arango fue una piedra en el zapato que terminó en la cárcel durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas. Aquí no paró todo; empeoró el escenario, cometiéndose una serie de atropellos en el desvío de dinero y fabricando clínicas fantasmas, mermando la salud y voluntad de los poblanos, repitiéndose la dosis letal a partir de 2019 en la administración barbosista, porque surgió la figura de Tania Yohalani González Arellano, encargada de despacho de pensiones y jubilaciones del ISSSTEP.
Junto con Juan Cruz Rodríguez, coordinador general de la Unidad de Asuntos Jurídicos, entablaron una relación de complicidades con el despacho externo de abogados “Abbart”. Entre los tres cobraban los lugares de las pensiones para pasar a la aprobación de la junta directiva que se reunía bimestralmente. Cada pensionado o jubilado tenía que soltar entre 200 mil y 400 mil pesos por pensión como condición para agilizar su trámite y prelación.
Es un mundo de personas las que están enlistadas. Bastaría con hacer un cálculo del SNTE y de la burocracia de base del gobierno estatal, por citar un par de ejemplos.
El que fuera director, Miguel Ángel García Martínez, quiso poner orden y fue removido por orden del Ejecutivo; llegó el doctor Amaury Alejandro Trejo Rivas y guardó silencio y, dicen los trabajadores, prefirió hacer caso omiso a las quejas, aguantando todo el gobierno de Sergio Salomón.
Omisión también es delito.
El actual titular de jubilaciones y pensiones es Ezequiel Alvarado Herrera, quien también ya debe tener una carpeta de anomalías que saldrán a relucir en la auditoría, independientemente de que se ajuste el desabasto de medicinas, la falta de personal calificado, las presiones del sindicato y hasta el renuevo de elevadores que no sirven.
POSDATA: Luis Antonio Godina Herrera, es un profesional con antecedentes positivos. Su agenda de reportes seguramente ya la afinó.
Nuevos aires soplarán en el ISSSTEP.
POSDATA 2: Pensiones y jubilaciones, además del negocio en la concesión para adquirir medicamentos, enloquecieron a Alfredo Arango y puso contra las cuerdas a varios funcionarios.
POSDATA 3: El gobernador Alejandro Armenta prometió en su campaña que el ISSSTEP sería auditado y no habría más atropellos a derechohabientes y trabajadores. ¡Cumplirá!
