REFLEXIONES / Miguel Ángel García Muñoz
Existen en los archivos ministeriales unas fotos de Juan Carlos H., alias “El Salchichas”, tomando Coca Cola en la batea de una camioneta de la policías. Corría 2024; eran los días felices del robo a transporte de carga y no pasaba nada; todo era solapado por Antonio Hernández Pacheco, secretario de seguridad en el municipio capitaneado por la alcaldesa Ariadna Ayala Camarillo; el fiscal era Gilberto Higuera Bernal, quien se fue de Puebla entre escándalos de corrupción.
En ese mismo año “El Salchichas” sufrió un atentado del que salió con vida, atribuido a un grupo rival del suyo. Sin embargo, por la tarde del 4 de noviembre fue atacado nuevamente, siendo internado con heridas graves en el complejo médico “Gonzalo Río Arronte”, localizado sobre la carretera federal Atlixco- Izúcar. Su mamá fue a cuidarlo, siendo asignados dos elementos de seguridad para su protección.
A las 4 de la madrugada arribó al lugar un comando armado, entró al hospital agrediendo al personal médico y ejecutó a “El Salchichas”. Hay pruebas de que los policías custodios dormían en la patrulla frente al lugar, escucharon disparos y pidieron apoyo por radio (existen las grabaciones) que nunca llegó, siendo masacrados por los delincuentes, encontrándose 159 casquillos percutidos y una granada.
Los policías asesinados respondían al nombre de María Guadalupe Reyes y Armando Meléndez Martínez.
No tardaron en surgir los señalamientos de omisión por parte del secretario de seguridad Antonio Hernández Pacheco, mientras la alcaldesa guardaba silencio. Hay quienes aseguran en el anonimato que la orden a los elementos de seguridad fue no acercarse al perímetro; es decir, no ayudar a María y Armando.
La historia no se borra y surge ahora que los abogados de Antonio Hernández Pacheco argumentan que su cliente fue acusado por un muerto (José Luis N.), quien habría fallecido antes de denunciarlo por cohecho. Es decir, sugieren que hay inconsistencias en la averiguación que debe ser revisada.
La aclaración de este elemento no exime a Hernández Pacheco de los delitos que le imputa la fiscalía de Puebla por abuso de autoridad; utilizar su cargo público indebidamente para afectar a ciudadanos; incumplimiento de un deber legal; dejar de cumplir con las obligaciones asignadas a su puesto como mando policial.
No queda todo ahí. Se agregan denuncias públicas y ciudadanas por fabricar delitos o realizar arrestos sin justificación legal; casos de fabricación de culpables; se le ha señalado por casos donde personas pasaron meses o años en prisión preventiva por acusaciones de extorsión que, posteriormente, se cayeron por falta de pruebas.
Y hay que contabilizar aquella noche de terror en Atlixco en noviembre de 2024, que vuelven a recordar los ciudadanos y algunos policías que prefieren pasar desapercibidos, insistiendo que debe esclarecerse en honor de sus compañeros asesinados cobardemente.
POSDATA: Se encuentran en una encrucijada Antonio Hernández Pacheco y la alcaldesa Ariadna Ayala Camarillo. El primero ha acumulado una serie de acusaciones que lo mantienen en prisión preventiva; la segunda, es la gran protectora.
