*»Alberto Peralta, señaló que «avanza el proceso jurídico de Ley por la disposición ilegal de mil 800 millones del ex Secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad».
ESPECIAL
Por Germán Benítez / Diario Sin Secretos
Para dar puntual seguimiento al proceso legal que corresponde contra la anormal disposición de mil 800 millones de pesos, que en su calidad de Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado, incurrió Antonio Gali Fayad, para financiar con recursos públicos a la alemana AUDI en Puebla, este día fue formalmente ratificada y certificada ante la Embajada de Alemania en México, la demanda formulada ante el Congreso de Puebla, contra el este ex funcionario del extinto ex Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Así lo informó el constitucionalista Alberto Peralta Merino, quien asistió jurídicamente ante la representación del Gobierno alemán en México, a los ciudadanos demandantes Guillermo Medina Álvarez y Carlos Meza Gutiérrez.
Lo anterior en virtud del cúmulo de anormalidades jurídicas y financieras en que incurrió Gali Fayad, no sólo al disponer de recursos públicos para una empresa privada, sino por las anormalidades que sumó el también ex Gobernador, al incrementarle a la deuda para esa empresa alemana, 30 mil millones de pesos, a un proyecto -que reiteró-, a precios de la industria de la construcción no tenían un valor mayor a los 700 millones de pesos.
El oficio dirigido al Excelentísimo Embajador de la República Federal Alemana, Peter Tempel, tiene que ver con otras anormalidades, como fue el caso de que con conocimiento del propio Gali Fayad, el hoy ex Gobernador difunto Rafael Moreno Valle Rosas, agregó al costo de la plataforma, la multimillonaria donación de las varias hectáreas donde fue instalada la plataforma de AUDI, señaló el constitucionalista.
Así que se trata de todo un voluminoso desvío de recursos públicos con daño patrimonial para Puebla, que configura varias vertientes de responsabilidad, y por tanto, todo un caso para seguir al interior del Gobierno de Puebla, que le obliga aclarar al Congreso del Estado, precisó el constitucionalista.
Reiteró el hecho insólito y sospechoso de que el proyecto apunte directo a la desconocida firma empresarial “Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe, S. A. de C. V.”, cuyo titular es un modesto conductor de tráiler, quien no podía ser tal, y a la vez un multimillonario constructor.
