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Ciudad de México.- La austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en programas de producción alimentaria, vislumbra un panorama de mayor pobreza en el país, de manera particular en el sector de la población rural. La presente y futuras generaciones, tendrán que luchar mucho para sobrevivir en condiciones muy limitadas y con una dependencia en alimentos no vista en los últimos cien años, aseguró Rafael García del Horno, Secretario de Finanzas de la Fundación Mejoremos el Campo.
Con un presupuesto de egresos cada vez más restringido para el sector agropecuario, forestal y pesquero; con la desaparición de dependencias clave para impulsar la producción de los granos básicos; con un esquema de comercialización que no acaba de definir su participación en cuanto a que se vigile y se corrija que no haya ‘coyotes’ y agiotistas en el agro, los productores del sector social y privado no vislumbran que en el breve plazo de los próximos cuatro años, México pueda presumir de autosuficiencia y soberanía alimentaria.
Recordó que en los últimos dos años, después de que el gobierno de López Obrador, con su “4T”, prometiera “el oro y el moro” a los campesinos y agricultores por la vía de la transformación y de la desaparición de la corrupción, la actividad productiva en el campo “ha caminado para abajo” y, como va, seguirá cayendo paulatinamente hasta lograr que el pueblo “que votó por un cambio”, padezca falta de trabajo, desnutrición y hambre, no sólo en el sector primario, donde están los más pobres, sino en las periferias de las ciudades grandes, medianas y pequeñas.
Los científicos, investigadores agropecuarios, gremios de profesionales que concurren en las distintas etapas de actividades productivas del campo, instituciones financieras, comercializadoras de insumos agrícolas, como maquinaria, semillas, fertilizantes, inversionistas y planeadores del desarrollo, se han quedado callados seguramente sorprendidos de “hasta dónde hemos llegado” en alto grado de pobreza, sin trabajo y un gobierno que no responde a las expectativas de una real emergencia económica, social y política, con pocas posibilidades de salir del bache, agravado por efectos de la “maldita pandemia”.
García del Horno dijo que, en el campo y en las ciudades mucha gente tiene la impresión de que “hay un enemigo que llegó del extranjero y que está usando al gobierno, en particular a quienes encabezan al sistema dominante, para crear un caos en la política, en la salud, la economía y en la convivencia social, frente a la imposibilidad de salir rápido de algo que parece “una pesadilla terrible que puede causar la muerte”.
En los tres estados de la península de Yucatán, en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y parte de Veracruz, los daños por la “visita” de los huracanes y tormentas tropicales, fueron cuantiosos, sobre todo en agricultura y ganadería –sí, porque en turismo las pérdidas podrán resarcirse en breve—sin contar con liquidez para indemnizaciones y rescate de bienes y animales sobrevivientes de las fuertes corrientes de los ríos.
De forma desesperada, el gobierno federal y las dos cámaras, tuvieron que apurar el proceso de cancelación de 109 fideicomisos, para transferir más de 36 mil millones de pesos a gastos normales de “movilización del gobierno”, aun a costa de disminuir el ritmo de logística contra la pandemia. Aun así, hubo rebrote en muchos estados, incluida la ciudad de México.
El también ex dirigente cenecista en el estado de Guanajuato, reprochó las medidas de austeridad del gobierno, han dejado sin subsidios para que los productores puedan contratar pólizas de seguros agropecuarios, con la amenaza de intensificarse en 2021. Esto, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Este organismo reportó que las aseguradoras “reportaron una baja de más del 50 por ciento en los subsidios”. Esto impactó en la contratación de pólizas para el sector. El reporte del Programa de Aseguramiento Agropecuario de la Secretaría de Hacienda.
A la par de esto, de un presupuesto de 605 mil 874 millones de pesos programados para este año, al mes de junio sólo se había ejercido el 12 por ciento de esos recursos.
“La superficie asegurada, respecto del mismo periodo de 2019, disminuyó 88.5 por ciento; los fondos de aseguramiento, 87.3 por ciento, y las aseguradoras privadas, 93.3 por ciento. Esto, debido a que la Tesorería de la Federación suspendió las ministraciones de abril, mayor y junio”, indica ese organismo.
El ejemplo más reciente es Quintana Roo, donde más de 68 mil hectáreas de maíz no contaron con el Seguro Agropecuario Catastrófico, y ante el paso de la tormenta tropical Cristóbal y el huracán Delta no tendrán ningún pago por las pérdidas, señaló finalmente esa institución de seguros.
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