En un frente común poco habitual, cámaras empresariales y diversas centrales obreras en Puebla han manifestado su rechazo a la propuesta de reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Según líderes del sector, la medida no garantiza necesariamente dos días de descanso obligatorio y, en cambio, amenaza la estabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Argumentos del sector patronal y sindical
Representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y sindicatos como la CTM y la FROC coinciden en que la implementación de esta reforma en 2026 resultaría contraproducente por las siguientes razones:
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Costo Operativo: Se estima un incremento de entre el 15% y el 20% en los costos de producción, lo que podría derivar en un aumento de precios para el consumidor final.
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Productividad en Riesgo: Los empresarios argumentan que México aún no cuenta con los niveles de automatización necesarios para compensar la pérdida de horas trabajadas sin afectar el rendimiento.
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Impacto en el Salario: Los sindicatos temen que la reducción de horas obligue a las empresas a recortar turnos o eliminar el pago de horas extra, lo que impactaría directamente en el bolsillo de los trabajadores que dependen de esos ingresos adicionales.
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Falta de Claridad: Señalan que la reforma se centra en el límite de horas, pero deja vacíos legales sobre cómo se distribuirían los turnos en sectores que operan 24/7, como el industrial y el de servicios.
La exigencia de los sectores poblanos es clara: una implementación gradual y diferenciada por sectores, acompañada de incentivos fiscales que permitan a las empresas absorber el impacto sin recurrir a despidos.
