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Unidos por Puebla denunciaron el círculo de violentadores que rodea al candidato de oposición Eduardo Rivera. A pesar de utilizar la causa de las mujeres como lema en su campaña, Rivera ha demostrado desinterés genuino en abordar la violencia de género, protegiendo a sus amigos y aliados señalados por violencia y abuso contra las mujeres.
Entre estos personajes se encuentran Michel Chaín, Inés Saturnino, Fernando Cortés Betanzos, Oscar Toquero y Víctor Manuel Mayoral Muñoz, quienes han sido vinculados a diversos delitos de violencia familiar, abuso sexual y violencia de género.
Estuvo presente Elia Rojas Villalpando, víctima de violencia familiar por parte de Michel Chain Carrillo Un funcionario al que el Gobierno Municipal de Eduardo Rivera protegió durante 9 largos meses después de que lo denunciara, tanto públicamente como ante la Fiscalía de Género.
“Debo decir que el entonces Presidente Municipal me revictimizó, me invisibilizó y se negó rotundamente a recibirme. Además, ignoró por completo los protocolos que debían seguirse en casos como el mío. No hubo investigación por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva ni por parte de la oficina del alcalde.” Apuntó Rojas.
Relato que ha alcanzado un tipo de justicia restaurativa. Después de más de 2 años y medio de un proceso desgastante, el agresor ha solicitado a la Juez de Control la suspensión condicional del proceso y se ha sometido al control judicial, un beneficio que le otorga el nuevo sistema de justicia penal. Esto implica el cumplimiento de varias condiciones, incluyendo la reparación del daño moral, la prohibición de acercarse a la víctima, la realización de terapia y talleres de nuevas masculinidades, entre otros requisitos, durante un periodo de 10 meses.
En otro tema la Asociación Civil Unidos por Puebla, respalda a ciudadanos de diversas colonias de la ciudad, como Castillotla, La Providencia y Rosas de Tepeyac, quienes han dado un paso al frente al presentar denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos contra Agua de Puebla Para Todos por la grave escasez de agua en sus hogares, una situación que no solo afecta su calidad de vida y economía, sino que vulnera un derecho humano fundamental.
Desde hace casi dos años padecen por la falta de agua potable en sus hogares. A pesar de cumplir con el pago puntual del servicio, el agua llega de manera limitada, obligándolos a recurrir al costoso servicio de pipas de agua para satisfacer las necesidades básicas de sus familias.
Según explicó El artículo 115 constitucional establece claramente que la gestión y administración del agua debe ser responsabilidad de los municipios. Sin embargo, en un acto de traición a estos principios, en 2013, gobiernos panistas entregaron la prestación íntegra del servicio de agua a la empresa Agua de Puebla para Todos, incluyendo el cobro directo a los usuarios, lo que ha exacerbado la problemática.
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