Diariosinsecretos/Angy Bravo
La intoxicación en la UCIPS no solo enfermó a decenas de cadetes y policías. Puso en evidencia una demanda básica: quienes se forman para proteger a la sociedad merecen alimentos seguros y condiciones dignas.
El Gobierno del Estado actuó con rapidez: atención médica, investigación abierta y advertencia de sanciones si hubo negligencia. Eso es el mínimo. Ahora toca llegar al fondo.
Urge claridad sobre quién presta el servicio de alimentación. Cuando está en juego la salud de estudiantes y personal, la transparencia no es opcional. Si falló la preparación, la conservación o la supervisión, la empresa responsable debe responder conforme a la ley.
En 2026 la UCIPS licitó el abasto de alimentos con obligaciones sanitarias estrictas: control de refrigeración, manejo higiénico, sustitución de personal enfermo y supervisión permanente. Sin embargo, el fallo de adjudicación con el nombre de la empresa ganadora no aparece en fuentes públicas. No se puede señalar a nadie sin evidencia documental.
Los policías piden respeto. Ese respeto empieza por garantizar su bienestar. La confianza se construye con rendición de cuentas, no con silencios.
