Hoy, en la mañanera del Gobierno de Puebla, mientras escuchaba a Silvia Tanús y al secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, quedó sobre la mesa un asunto que ya no admite lecturas aisladas: el consumo de drogas entre niñas, niños y adolescentes, el narcomenudeo, el cobro de piso y los asaltos al transporte público forman parte de una misma conversación sobre seguridad. Y quizá lo más delicado es que algunos de estos problemas ya están tocando edades que hace algunos años parecían impensables. El propio secretario habló de menores de 10, 12 y 14 años, particularmente en algunas zonas de la Sierra Norte.
Pero hay un dato que ayuda a poner las cosas en su justa dimensión. Puebla comparte con el resto del país el problema de las adicciones y la violencia asociada a los mercados ilícitos; no estamos frente a un fenómeno exclusivamente poblano.
Lo que sí llama la atención es el peso de las metanfetaminas: entre quienes ingresaron a tratamiento en Puebla durante el primer semestre de 2024, esta sustancia fue señalada como la droga de mayor impacto en 43.5 por ciento de los casos, frente a 30.8 por ciento nacional. Y ahí quizá está una de las claves para entender la preocupación del secretario: no solamente se trata de quién consume, sino de qué sustancias están llegando y qué tan cerca están de nuestros jóvenes.
A eso súmele el laboratorio clandestino localizado en la Sierra Norte, que de acuerdo con la autoridad llevaba alrededor de un año operando y tenía capacidad para producir cristal para abastecer Puebla y Veracruz. Es decir, el escenario se vuelve más complejo: ya no hablamos únicamente de consumo o de un vendedor en una esquina, sino de una cadena que puede comenzar en la producción, pasar por la distribución y terminar en el narcomenudeo cerca de las escuelas. Por eso resulta interesante que para el regreso a clases la estrategia anunciada no sea solamente mandar patrullas, sino sentar en la misma mesa a Seguridad, Educación, Salud, DIF y Deporte. La prevención empieza mucho antes de que aparezca una carpeta de investigación.
Y aquí está quizá el cambio más interesante de la estrategia estatal: tratar de llegar antes que el delito. Puebla ha venido apostando por videovigilancia, análisis de datos, drones, torres de vigilancia, lectores de placas y herramientas de inteligencia artificial. Incluso la SSP ha planteado modernizar los sistemas de videovigilancia, análisis de datos e inteligencia operativa; y el propio Gobierno estatal ha reportado el uso de patrullas equipadas con lectores de placas e inteligencia artificial. La idea, en términos sencillos, es que la tecnología ayude a detectar patrones y anticipar riesgos, no solamente a revisar las grabaciones cuando el delito ya ocurrió.
Y mientras eso sucede, están los problemas de todos los días: comerciantes que reciben llamadas o amenazas por cobro de piso y pasajeros que suben a una unidad de transporte público sin saber si llegarán tranquilos a su destino. En este terreno también hay una apuesta por la prevención. La SSP reportó que, de enero a julio, la línea 089 recibió 6 mil 96 llamadas relacionadas con extorsión y que 5 mil 216 correspondieron a casos no consumados; además, 26 personas han sido detenidas por su probable relación con extorsiones en mercados. También se mantiene el operativo Transporte Protegido.
Así que, saliendo de la mañanera, me quedo con una idea: la seguridad de Puebla no se va a resolver solamente con más patrullas ni con más detenidos. Se trata de construir una red que permita detectar al narcomenudista antes de que llegue a una escuela, identificar al extorsionador antes de que cierre un negocio y ubicar el riesgo en una ruta de transporte antes de que ocurra el asalto. Tecnología, inteligencia, prevención y coordinación, pero sin olvidar algo que ninguna cámara puede sustituir: estar cerca de la gente. Porque al final, la mejor noticia de seguridad no debería ser cuántos delitos se resolvieron después, sino cuántos pudieron evitarse antes.