Policía del dictador Daniel Ortega secuestró a sacerdote mexicano

DiarioSinSecretos.com

El padre de origen mexicano Ezequiel Buenfil Batún, rector del Convento San Juan Neumann, en Chinandega, Nicaragua, fue secuestrado, caso que se registró después de la deportación de 19 miembros de la Iglesia Católica entre obispos, sacerdotes y seminaristas en días pasados, confirmó la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.

El secuestro del sacerdote ocurrió el pasado 16 de enero, el mismo día que el Ministerio del Interior (MINT) despojó de la personalidad jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales, incluida, la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, a la que pertenecía el padre Buenfil.

Esta congregación, regularizada en Nicaragua en 2018, “nació de un fuerte impulso evangelizador de matrimonios y jóvenes estimulado por el padre Pablo Straub, misionero redentorista, en la isla de Puerto Rico, durante la década de los setenta”, indica su página web.

Fue en 1990, cuando se formó la comunidad de varones “alrededor del padre Pablo: Los Consagrados del Santísimo Salvador, quienes serían sacerdotes contemplativos-misioneros con la misma espiritualidad que la rama femenina”. Tienen presencia en México, Guatemala, Argentina, Estados Unidos y, hasta este martes, en Nicaragua.

Se desconoce el paradero del sacerdote Ezequiel Buenfil Batún, aunque según la abogada Molina, cada vez que el régimen captura a un religioso es para desterrarlo. Ese ha sido el patrón. Ni la congregación ni la Policía se han pronunciado al respecto.

La dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sometido a 203 religiosos y religiosas al destierro cárcel, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua, desde 2018 a enero de 2024. Más del 80 por ciento de estas agresiones se registraron en 2023, cuando el régimen arreció su embestida contra la Iglesia católica.

“(2023) fue el año más sanguinario. No porque yo diga, sino porque las cifras lo demuestran: 307 agresiones en 2023, más 3600 procesiones prohibidas, más 237 misas prohibidas en los cementerios. Secuestros, asedios, vigilancia permanente”, ha asegurado Martha Patricia Molina, autora del estudio Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?,