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Este miércoles, los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, en un encuentro que marcó un importante paso hacia la reconstrucción del diálogo y la reactivación de las investigaciones sobre el caso.
Vidulfo Rosales, uno de los abogados de las familias, calificó el encuentro como un «buen inicio», destacando que la mandataria ofreció una nueva ruta en las investigaciones y la disposición de revisar los expedientes con un equipo renovado y nuevas tecnologías. Sin embargo, Rosales señaló que aún no se especificaron detalles concretos sobre qué técnicas se implementarán, aunque se mencionó la posible utilización de tecnologías para localizar lugares de búsqueda y realizar intervenciones legales en teléfonos.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, continúa siendo un misterio con muchos aspectos sin esclarecer. Aunque se han encontrado restos calcinados de tres de los estudiantes, aún no se conoce el móvil ni el destino de los jóvenes. Las autoridades han señalado que miembros de un cártel de drogas, en connivencia con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, estuvieron involucrados en el crimen. Sin embargo, no hay sentenciados, y la investigación sigue sin concluirse de manera definitiva.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que terminó el 30 de septiembre, se dieron algunos avances significativos, como la creación de la Comisión para la Verdad, que calificó el caso como un «crimen de Estado». Sin embargo, la relación entre los padres de los estudiantes y el gobierno se vio deteriorada en la segunda mitad del mandato debido a la negativa de las Fuerzas Armadas de entregar documentos clave solicitados por los abogados, lo que generó desconfianza.
El miércoles, en el encuentro con Sheinbaum, no estuvieron presentes representantes militares, lo que subraya la postura de las familias de los desaparecidos de que el caso debe ser esclarecido de manera imparcial y sin la injerencia de los actores que podrían estar involucrados en el crimen.
Las familias de los 43 estudiantes continúan exigiendo justicia y esperan que la nueva administración impulse una revisión profunda y transparente del caso para dar con los responsables y conocer la verdad detrás de la desaparición de sus hijos.
