En los últimos tres sexenios, las autoridades fracasaron el 98 por ciento de las veces que intentaron castigar el delito de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita.
Diariosinsecretos.com
Por Laura Sánchez Ley, Miriam Castillo y Daniel Melchor
México es una gran lavadora de dinero. Cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es del 2 por ciento.
En México es posible lavar dinero sin temor a ser procesado por la justicia. Poco importan las transacciones bancarias de grandes montos, los depósitos en efectivo por millones de dólares o empresas fantasma triangulando dinero de paraísos fiscales hacia al país.
De hecho, organismos internacionales han ubicado al país como un lugar donde la presencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades facilitan que el dinero se mueva de manera ilegal.
Ahora, una investigación de MCCI revela que, en 13 años de gobierno, se abrieron 1,632 averiguaciones y las autoridades mexicanas solamente han logrado sentenciar a 44 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero.
La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión.
A través de solicitudes de acceso a la información realizadas durante un año a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación (PJF) se encontró que México ha fracasado en el combate al lavado de dinero.
La lavadora sin botón de apagado
En los últimos 13 años, 373 personas tramitaron amparos para protegerse de ser acusados por las autoridades del delito de recursos de procedencia ilícita.
MCCI analizó el total de amparos y encontró las razones por las cuales los acusados ganaron ante los tribunales: falta de pruebas y violaciones a los derechos humanos son algunos de los motivos por los cuales se cayeron los casos.
A través del análisis de estos 373 expedientes, se encontraron diversas irregularidades en las que incurrieron policías, autoridades de la UIF, así como el Ministerio Público.
A pesar de que las autoridades presumieron que las detenciones se dieron a través de acciones de inteligencia financiera, MCCI detectó que solo en 8 expedientes se iniciaron investigaciones por lavado de dinero luego de realizar un rastreo en sus cuentas bancarias.
Los casos sucedieron en flagrancia, es decir, cuando policías o elementos del Ejército Mexicano detectaron que los presuntos delincuentes portaban un arma, droga o fajos de billetes. De igual forma, presuntos delincuentes fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando pasaron su maleta por la banda de seguridad. La mayoría de los casos eran mujeres que transportaban montos entre los 80 mil y 500 mil dólares.
Los amparos revelan que existieron al menos tres patrones por los cuales se cayeron los casos en los tribunales: el Ministerio Público no logró acreditar el delito; hubo irregularidades durante la detención; y en otros se cometieron violaciones a sus derechos humanos como lo fue la tortura y la retención ilegal.
Cuando algo no suena razonable, suena metálico
Para entender los motivos del fracaso contra el lavado de dinero, MCCI entrevistó el 13 de marzo a Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según el funcionario, la corrupción dentro del Ministerio Público, la colusión de jueces con el crimen organizado, y la inexperiencia en materia penal de las anteriores administraciones de la UIF fueron las razones por las cuales existe este índice de impunidad.
La nueva administración se ha caracterizado por interponer denuncias ante la FGR. Incluso en lo que va del sexenio la UIF ya igualó en cantidad de denuncias (alrededor de 200) a todo el periodo del gobierno de Felipe Calderón, en el que hubo un ataque frontal, al menos en el discurso, contra los grupos del narcotráfico.
La eficacia de dichas denuncias aún no marca una diferencia en la cantidad de personas procesadas por estos delitos, pero Santiago Nieto se deslinda de los pocos resultados y acusa a los ministerios públicos.
“La corrupción en el tema del Ministerio Público se da en el tema del no ejercicio de la acción penal. Así como en los jueces se da cuando conceden amparos con criterios endebles. En el caso del magistrado Isidro Avelar (…) la fiscalía anticorrupción tuvo la orden de aprehensión. Tenía 50 millones en su cuenta más que lo que el CJF debía pagar, y fue el que le concedió los amparos al Menchito, al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco. Y otros magistrados que están en la misma lógica. Cuando algo no suena razonable suena metálico, es lo que hay que verificar en decisiones judiciales y en decisiones ministeriales”, declara en entrevista.
De acuerdo con el titular de la UIF, otro de los factores que ha influido en que el delito de lavado de dinero quede impune es la poca experiencia en materia penal de las otras administraciones de dicha unidad de investigación. Es decir, si bien se hacía análisis financiero de las cuentas esto no lo convertían en un proceso judicial.
Uno de los problemas para perseguir el lavado de dinero, explica Nieto, es que se tiene que acreditar un delito previo: “Es decir, acredita trata y ya el tema del dinero ya no les importa”.
La UIF tiene dos formas de comenzar una investigación: por órdenes de alguna autoridad y las derivadas de los reportes bancarios. La cantidad de estos últimos es de tal magnitud —tan solo en 2018 hubo más de un millón— que se utiliza un modelo de riesgo del 0 al 10 para calibrar la importancia de los casos.
Por ejemplo, si un joven de 18 años recibe millones de pesos en su cuenta, el banco debe encender la alerta y elaborar un reporte de operación inusual, o bien cuando se hace una operación arriba de los 10 mil dólares se levanta un reporte de operación relevante. Aunado a éstos, la UIF recibe también reportes de compras y movimientos en inmobiliarias, joyerías, incluso casinos.
“Por ejemplo, las hermanas del Mayo (Zambada) ganaron varios meses un millón o dos millones de pesos en casinos, lo cual no tiene sentido, evidentemente era un mecanismo que le pagaban vía casino”, cuenta.
Sin embargo, en lo que va de la administración tampoco se ha tenido un caso en el que una alerta bancaria derive en una averiguación judicial.
Esto también tiene que ver con la capacidad con la que México procesa los reportes.
En las instalaciones de la UIF se cuenta con la infraestructura tecnológica para recibir y ordenar los reportes bancarios en tiempo real, pero no con el personal suficiente. Por ejemplo, hay tan solo una actuaria que elabora los análisis de riesgos. De hecho, en entrevista Nieto aceptó que los bancos se habían quejado con la UIF debido a que no veían resultados concretos con los reportes que entregaban.
Las filtraciones a las que MCCI tuvo acceso como parte de la investigación mundial del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) son los reportes de actividad sospechosa (SAR) que elaboran los bancos que operan en Estados Unidos.
Con información de Samuel Adam y Alejandra Barriguete
Mexicanos Contra la Corrupción
