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*Los ministros decidieron por unanimidad resolver el tema el próximo lunes.
Ciudad de México.- De manera unánime los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- desestimó la petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de postergar la discusión sobre la primera parte del llamado “Plan B electoral” de Andrés Manuel López Obrador.
Los ministros decidieron que el proyecto propuesto por el ministro Alberto Pérez Dayán, será abordado el próximo lunes.
El argumento de la Consejería Jurídica, es que la Corte debería resolver las impugnaciones hechas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social, modificada por Morena y sus aliados, a días de concluir el 2022.
Los ministros consideraron que no es posible atender la petición en lo referente a la Ley General de Comunicación Social y la que se refiere la de Responsabilidades Administrativas, ya que son de carácter electoral, y que impactarán de manera directa a los comicios del 2023 y 2024.
La Ley General de Comunicación Social establece como límite que los ayuntamientos no puedan destinar más del 0.1 por ciento de su presupuesto a propaganda gubernamental, mientras que en el caso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se aprobó la redefinición de propaganda gubernamental.
Sobre ambas leyes la oposición, gobiernos municipales y el Instituto Nacional Electoral -INE- presentaron acciones de inconstitucionalidad, admitidas por la Corte a través del Pérez Dayán, que en un primer análisis otorgó la suspensión provisional para que no fueran aplicadas en los estados de México y Coahuila, donde habrá elecciones este 2023, bajo el criterio que las leyes impugnadas en caso de aprobarse podrían causar afectaciones irreparables al sistema democrático y derechos fundamentales implicados.
Posteriormente, el ministro hizo público el proyecto respecto a las modificaciones, en el que propuso invalidar lo aprobado por los legisladores de Morena y sus aliados, por incurrirse en violaciones al proceso legislativo.
“El Decreto impugnado -dijo- fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados, y las irregularidades cometidas en Comisiones de la Cámara de Senadores impidió la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo”.
El próximo lunes, la Corte dará el veredicto final, aunque se prevé que envié al “bote de la basura” El Plan B electoral de AMLO.
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