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Jueces mezclados en negocios ilegales; Urge la intervención del Presidente del Tribunal de Justicia
SIN LÍMITES
Por Raúl Torres Salmerón
Los jueces, principalmente de la especialidad Mercantil, así como diligenciarios adscritos a esos juzgados, tienen complicidades con notarios públicos y despachos de cobranza que tratan de obtener beneficios ilícitos en viviendas hipotecadas desde hace más de tres décadas.
José Raúl Castillo, el quejoso, muestra datos y documentos de su caso cuando él y su esposa tenían una hipoteca en el antiguo Banco Serfin por 100 mil pesos, que al desparecer hace 29 años, que ahora está en manos de jueces mercantiles y quieren que pague 2 millones 800 mil pesos por la hipoteca liberada.
La siguiente es la trama judicial, de José Ramírez y al parecer de muchos otros antiguos clientes de la Banca Serfin:
-En 1993, José Raúl Castillo y su esposa solicitaron un préstamo hipotecario en el hoy extinto Banco Serfin por la cantidad de 100 mil pesos, los cuales utilizaron para cubrir el saldo de una nueva casa.
-Como garantía dejaron la propiedad ubicada en la 17 Sur 4511, Fraccionamiento Reforma Sur en Puebla Capital.
-Luego de la devaluación de ese año, la deuda se disparó a 240 mil pesos misma que debía ser pagada en Unidades de Inversión (UDIS) y la deuda se mantuvo en los registros contables del banco.
-Banca Serfin desapareció en 2005 y fue adquirido por Banco Santander, pero la cartera vencida de la institución donde estaba el crédito de José Castillo, fue vendido a una firma de Guadalajara, llamada Macuilli Calpulli.
-La firma nunca exhibió el poder que la Comisión Nacional Bancaria y de Vaoles debió otorgarles para ser reconocidos como los legales tenedores de la cartera vencida y las negociaciones de pago se suspendieron.
-El mismo año, José Castillo recibió una invitación por parte del despacho de cobranza Gramercy, de la Capital del País y les informaron que eran los nuevos poseedores de la deuda luego celebrar una cesión onerosa con Macuilli Capulli.
-La propuesta consistía en un finiquito de 480 mil pesos, pero no exhibieron el poder de la CNBV para validar la deuda.
-Para 2005 ya habían transcurrido los 10 años que establece la ley de adeudos para declarar prescrito el pasivo.
-En 2013 cuando José Castillo inició un proceso para el fin del adeudo, pero fue informado que su propiedad estaba en un litigio iniciado en el Juzgado Noveno de lo Civil, bajo el expediente 1002/2013, en el que le requerían un pago de 1 millón 600 mil pesos. No presentaron los documentos contables iniciales.
-Con las modificaciones que hubo en el sistema judicial, el expediente fue turnado al Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil, que el 7 mayo de 2015 falló a favor de Gramercy y se ordenó un pago de 780 mil 192 pesos más los costos. La prontitud de la resolución obedeció a que estaba por finiquitar el tiempo para declarar prescrita la deuda.
– El 13 de febrero de 2020 el Juzgado Décimo Mercantil recibió la notificación de que José Tomás Hernández Pérez era el nuevo propietario de la cartera, la cual obtuvo mediante una cesión de derechos de crédito, de cobro, litigiosos y adjudicatarios.
-El contrato entre Hernández Pérez y Gramercy quedó asentado en el instrumento 20,825, volumen 234, de la Notaría 56 en Puebla Capital.
-Desde ahí hubo nuevamente notificaciones y enredos, pero ahora el juzgado exige el pago de 2 millones 800 millones de pesos, según la sentencia del 12 de marzo de 2021.
Hasta aquí la parte fundamental de la historia de José Castillo, quien resume su queja en los siguientes párrafos:
-Autoridades judiciales han validado la cesión de la cartera vencida entre particulares sin que exista una autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
-Existe un juicio mercantil en su contra y sentencia condenatoria, sin notificación de por medio.
-Se presentó una denuncia penal en contra de Alba María Romano Hernández ante la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción, asentada en la carpeta de investigación 994/2020/FECC, por delitos contra la administración de justicia.
-La Jueza Décima especializada en Materia Mercantil Alba María Romano Hernández fue removida del cargo y enviada al Juzgado Civil de Izúcar de Matamoros. La actual titular, Emma Mónica Garibay Hernández, se ha negado a revisar el expediente pese a las evidencias entregadas.
-El Magistrado Joel Sánchez Roldán, del Consejo de la Judicatura, tiene una queja de mayo de 2021 en contra de la jueza Romano Hernández. A la fecha no existe respuesta.
-En la misma queja se incluyó al diligenciario José Ramón Mora, quien habría simulado la notificación del juicio en perjuicio del demandado.
Luego de tantas anomalías, Castillo recurrió a la justicia federal para echar abajo todas las actuaciones irregulares cometidas en el proceso, el cual quedó radicado con el número 595/2021-VII-A.
De manera sorpresiva, Raúl Castillo y Tomás Hernández son informados que la nueva titular del Juzgado Décimo Mercantil era Emma Mónica Garibay Hernández. Durante todo 2021, el procedimiento judicial continuó y fue acompañado de una denuncia penal en contra de la jueza Alba María Romano Hernández.
El 9 de febrero de 2022, Castillo consigue una sentencia interlocutoria en la que se declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones, es decir, que nunca fue notificado oficialmente y todo fue una simulación. La resolución ordena, además, dejar sin efecto todas las acciones posteriores, entre ella la sentencia del 8 de abril de 2021 que lo obligaba a pagar los 2.8 millones.
El asunto todavía está en el Consejo de la Judicatura. Alguien tiene que ser sancionado. Se adjuntan documentos presentados por José Castillo.
Como decía una antigua serie de televisión, es una de los millones de historias en Puebla Capital.
En fin, como escribió Jaime Torres Bodet (México, 1902-1974), en su poema Continuidad:
Tu voluntad escoge entre mis penas.
Y, sin leyes, sin frases, sin cadenas,
eres tú quien, si caigo, me perdonas,
si me traiciono, tú quien te condenas…
Y tú quién, si te olvido, me abandonas.
raultorress@hotmail.com
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Liderazgo de Claudia Sheinbaum potencializa la fortaleza económica de México: Alejandro Armenta
Proponen prohibir que menores de 16 años viajen en motocicleta en Puebla
En Puebla, el Congreso del Estado analiza una reforma a la Ley de Movilidad y Transporte para prohibir que menores de 16 años viajen como pasajeros en motocicletas. La iniciativa surge en respuesta al incremento de accidentes en los que se han visto involucrados motociclistas y menores de edad.
¿Qué dice la propuesta?
La iniciativa establece que:
Menores de 16 años no podrán ser pasajeros en motocicletas. Se busca reforzar medidas de seguridad vial para prevenir accidentes. Las autoridades podrán sancionar a quienes incumplan esta norma.
Contexto del problema
Los accidentes en motocicleta han ido en aumento en los últimos años en Puebla. Según datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, el 40% de los incidentes viales en moto involucran a pasajeros menores de edad.
En 2024, más de 1,200 menores resultaron heridos en accidentes de motocicleta en Puebla.
Muchos de estos casos fueron fatales o provocaron lesiones permanentes.
Argumentos a favor
Seguridad infantil: Los menores son más vulnerables ante caídas o impactos en carretera. Reducción de accidentes: Limitar el acceso a las motocicletas disminuiría el número de incidentes viales. Conciencia vial: La medida busca fomentar una cultura de seguridad y responsabilidad entre los motociclistas.
Argumentos en contra
Restricción de movilidad: Algunas familias dependen de la motocicleta como su único medio de transporte. Dificultades en zonas rurales: En varias comunidades, las motos son la principal forma de traslado, incluso para menores. Falta de infraestructura: Se argumenta que el problema de los accidentes también está relacionado con la falta de ciclovías y espacios seguros para motociclistas.
Esto es lo que sabemos:
- El Congreso de Puebla analiza prohibir que menores de 16 años viajen en moto.
- La medida busca reducir accidentes y proteger a los menores.
- Quienes incumplan podrían ser sancionados.
- Existen opiniones encontradas entre seguridad y restricción de movilidad.
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