El negocio de la extorsión telefónica en Veracruz muta más rápido que las sanciones, convirtiendo los centros penitenciarios en auténticos centros de operación criminal que desafían la seguridad digital. A pesar del bloqueo masivo de números, el flujo de llamadas fraudulentas no cesa, lo que demuestra la urgencia de reestructurar los controles tecnológicos y operativos en las cárceles para frenar un delito que vulnera diariamente el patrimonio de los ciudadanos.
La Unidad Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión (UECS) de la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la inhabilitación de 577 líneas telefónicas utilizadas para este ilícito. Sin embargo, el problema persiste con fuerza en la entidad, reavivando los señalamientos sobre la operación de estos esquemas desde los penales. El caso más crítico se concentra en el centro penitenciario de La Toma, donde familiares de personas privadas de la libertad denunciaron públicamente el cobro de cinco pesos por minuto y hasta mil pesos por la renta semanal de un aparato telefónico.
El núcleo del desafío radica en la facilidad de sustitución de los chips. Datos oficiales de la Fiscalía revelan que entre diciembre de 2025 y junio de 2026 se han inhabilitado al menos 3,913 líneas telefónicas en el estado. Ante la insuficiencia de los bloqueos, la dependencia exhortó a la población a mantener la calma, no proporcionar información personal o financiera, evitar depósitos y colgar de inmediato ante números desconocidos.
La Fiscalía General del Estado enfatizó que la participación ciudadana y la denuncia oportuna son los mecanismos clave para identificar y desarticular estas redes de beneficio económico ilícito. Para atender y orientar de forma especializada a las víctimas, las autoridades mantienen activos los números de emergencia 911 y 089, además de la línea directa de la UECS: 228 812 2740.
